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La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala la iniciativa que busca eliminar de la justicia militar los delitos comunes cometidos por miembros de FF.AA.. El parlamentario Jorge Brito (RD), autor de la iniciativa, señaló que con este proyecto casos emblemáticos como de los excomandantes en jefe del Ejército, Fuente-Alba o Martínez, “serían juzgados por un tribunal civil, en audiencia pública”.
El diputado de Revolución Democrática (RD) Jorge Brito, quien fue presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, se refirió a los avances que tuvo esta semana el proyecto que presentó en el año 2019 el cual excluye de la justicia militar las causas por delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
La instancia legislativa encargada de revisar la iniciativa finalizó la discusión en particular de la moción que busca modificar el Código de Justicia Militar, atribuyéndole al Ministerio Público competencias para investigar los delitos comunes cometidos por uniformados.
El parlamentario y militante de RD explicó que «hace décadas la Justicia Militar debería haber desaparecido o haberse restringido exclusivamente a asuntos de guerra”, por lo que valoró que “después de varios años nos permitan avanzar en este proyecto de ley gracias al apoyo que le ha dado el gobierno mediante la ministra de Defensa, Maya Fernández».
El legislador aseguró que la iniciativa cuenta «con un amplio respaldo para sacar de la competencia de la justicia militar los delitos comunes como por ejemplo el fraude al fisco, malversación de fondos públicos o los delitos sexuales».
El diputado Brito, además, recordó el caso de los excomandantes en jefe de la institución castrense como los de Juan Miguel Fuente-Alba o Ricardo Martínez, afirmando que «si este proyecto hubiera sido ley hace años, los emblemáticos casos que se conocen de los excomandantes en jefe del Ejército habrían sido juzgados en un tribunal civil y no en uno militar».
Sobre los tiempos legislativos, el frenteamplista proyectó que «confiamos en que el proyecto podrá ser ley cuanto antes, y dar certezas respecto a que en la eventualidad de que un militar abuse o se corrompa, será juzgado ante un tribunal civil, y no más en un tribunal militar, como cualquier chilena o chileno».
Cabe recordar que la propuesta transversal fue aprobada en general en octubre del año 2020, sin embargo, retornó a la comisión de Defensa para un segundo informe tras ser objeto de indicaciones, quedando ad portas de ser despachada al Senado.
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