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Directo a la Cámara Alta se fue el proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público para los funcionarios que perciban rentas de hasta 2,2 millones de pesos brutos. Además, con la iniciativa, se regulan los montos de los aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad y Bono Invierno 2023 para pensionados. El reajuste no aplicará al Presidente de la República ni a diputados, senadores, ministros, o subsecretarios. Y para las y los funcionarios con rentas superiores a dicho tramo el reajuste será un monto fijo de 264 mil pesos mensuales, algo que no dejó contentos a algunos gremios que manifestaron su desconformidad ante el proyecto. Entre ellos, hay algunos gremios del sector de la salud, del Poder Judicial y del Ministerio Público que tienen rentas más altas y que reclaman «discriminación».
En medio de manifestaciones por parte de gremios de profesionales de la salud y del Poder Judicial que se mantienen movilizados exigiendo ser incluidos en la iniciativa, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que concede un reajuste diferenciado a las remuneraciones del sector público y que, además, concede beneficios como aguinaldos de navidad, fiestas patrias y bono de invierno para pensionados.
La Sala respaldó la norma, en términos generales, por 106 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Luego aprobó diferentes artículos cuya votación separada fue solicitada, con excepción del artículo 69 que regulaba el teletrabajo en las municipalidades, el que se rechazó por 60 votos a favor, 56 en contra y 9 abstenciones.
De este modo, el reajuste aprobado, a contar del 1 de diciembre de 2022, será de un 12% para las y los trabajadores del Sector Público cuyas remuneraciones brutas sean de hasta 2 millones 200 mil pesos. Esto beneficiará al 89% de los funcionarios.
Para los funcionarios de rentas superiores será de un monto fijo mensual de 264 mil pesos por una jornada completa.
Este reajuste de 12% también será extensible para aquellos trabajadores del sector público que no estén afectos a alguno de los sistemas remuneracionales señalados en esta norma. Esto siempre que su remuneración bruta no supere los 2 millones 200 mil pesos. Para los tramos superiores será de 264 mil pesos.
Asimismo, el reajuste se otorgará a los directores, educadores de párvulos y a los asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Igualmente, a los asistentes de la Educación Pública regidos por la ley 21.109, que establece un estatuto para dichos funcionarios.
En el marco de la autonomía financiera de las universidades estatales, ellas podrán reajustar las remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia este reajuste.
Según expuso el Gobierno, el reajuste no se aplicará al Presidente de la República, senadores, diputados, ministros y otras autoridades contempladas en el artículo 38 bis de la Constitución Política. Esta norma reguló la determinación de las rentas de estas autoridades y fijó un procedimiento especial para ese fin.
El proyecto, que ahora pasará a trámite en el Senado, también concede aguinaldo de Navidad a los trabajadores públicos. Este ascenderá a $63.062 para aquellos cuya remuneración líquida del mes de noviembre del 2022 sea igual o inferior a 943 mil 703 pesos. A su vez, será de $33.358 para aquellos cuya remuneración supere tal cantidad y hasta 3 millones 125 mil 52 pesos.
En el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias de 2023, será de $81.196 y de $56.365, respectivamente, dependiendo de los topes citados previamente.
Los citados beneficios para el sector pasivo -pensionados- corresponderán a:
Por último, se concede un bono de invierno, en el mes de mayo, para pensionados que tengan más de 65 años. Este beneficio ascenderá a $74.767.
El proyecto también regula o concede beneficios en materia de bono de escolaridad, de vacaciones y aportes a los servicios de bienestar. Asimismo, se fijan asignaciones especiales para el estamento profesional del Servicio Médico Legal y se regulan asignaciones de desempeño de los asistentes de la educación.
El 12% de reajuste también se aplicará a la unidad de subvención educacional y se aplicará a los estipendios y asignaciones cuyo valor se reajuste o esté vinculado a dicha unidad.
En tanto, se entregan bonificaciones de zonas extremas y se extiende el plazo del incentivo al retiro y bonos post laboral.
Adicionalmente, esta ley de carácter misceláneo, también aborda normas sobre el control horario, en relación al teletrabajo; contratación de personal en servicios locales de educación y medidas en materia de ausentismo y deserción escolar.
Por último, se regula el traspaso de personal a honorarios en el sector municipal, entre otras normas.
Durante la tramitación del proyecto en la Cámara Baja, se registraron manifestaciones, tanto afuera de La Moneda como en el Congreso, de parte de los gremios de la salud pública y del Poder Judicial, quienes expresaron su malestar frente a lo que calificaron como «discriminación», ya que no recibirán el reajuste del 12%.
Médicos, dentistas, funcionarios judiciales y fiscales pidieron al Ejecutivo que no se les margine del reajuste salarial, ya que —pese a sus altas rentas— no será una buena señal considerando que la salud y la justicia han sido declaradas prioritarias por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
“A quienes están sobre 2 millones 200 mil peros no se le reajusta un 12% y eso incluye un porcentaje altísimo de médicos y doctoras, y según lo que hemos hablado con otros gremios afectaría a alrededor del 40% de los profesionales que no son médicos y que trabajan en el sector”, acusó el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, según consignó Radio Universidad de Chile.
El dirigente gremial afirmó que en un país donde la salud y la justicia son prioritarias «este reajuste que nos excluye y dilapida la posibilidad que las metas en estos rubros podamos cumplirlas en los próximos años». Y agregó: «No estamos pidiendo que se nos aumenten los sueldos, solamente que en la práctica no se nos sigan bajando los salarios porque los incrementos han sido muy por debajo del IPC».
Por su parte, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, afirmó, de acuerdo al medio radial, que «ni los fiscales, ni los jueces, defensores públicos, los profesionales, los médicos ni los dentistas que trabajamos en el sector público, hemos llegado a este sector para hacernos ricos. Por el contrario, llegamos al sector público por vocación de servicio y servir al país desde nuestras distintas áreas y lo que hemos recibido de parte del gobierno particularmente el Ministerio de Hacienda es una señal en sentido contrario».
Bravo agregó que «nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada y que nos estigmatice en este sentido y nos diga hoy día que la prioridad es la salud, es la seguridad y nos diga precisamente a quienes trabajamos en esas áreas que nosotros no importamos»:
Cabe mencionar que, desde el Gobierno, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, remarcó que «esto llegará a todos, el tema es que tiene un diseño que es de un reajuste completo del 12% hasta cierta renta bruta y va decreciendo en la medida de que la renta va a aumentando».
En esa misma línea, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, precisó que «el 89% de los trabajadores recibe un 12% de reajuste y el 11% recibe $264 mil de reajuste».
«En materia del Ministerio Público, en la discusión parlamentaria, se estableció que en mayo del 2023 van a estar establecidas mesas de trabajo para abordar las temáticas que se han levantado. De esa forma, en septiembre se ingresará un proyecto de ley que se haga cargo de diversas materias que se han manifestado», explicó la titular del Trabajo.
Francisco Bravo contradijo esta postura y llamó el Presidente de la República «a que intervenga directamente para reparar esta situación de todo injusta y que todos los trabajadores sector público, sin ninguna discriminación, tengan el mismo reajuste del 12% como se ha anunciado».
En la manifestación de este miércoles también estuvieron presentes Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), Gabriela Farías, Vicepresidenta de Fenpruss y Francisca Crispi, Presidenta Colegio Médico Santiago, y la Presidenta del Capítulo de Especialistas del Sector Público del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G, Mariluz Lozano, quien emitió la siguiente declaración en un punto de prensa afuera de La Moneda.
