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La polémica surgió luego que la médica señalara que un protocolo de dicha entidad impedía comprar servicios a la Clínica Las Condes en medio del brote del virus sincicial. Luego el MINSAL aclaró que la inhabilidad proviene de la justicia laboral, por haberse constatado vulneración de derechos de los trabajadores del recinto. Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición criticaron duramente la gestión del Ministerio de Salud.
La Contraloría General de la República desmintió este domingo a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, al señalar que no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados, informó radio Biobio.
Al mediodía, Aguilera señaló en Canal 13 la cartera que lidera no contactó a la Clínica Las Condes para consultar por camas pediátricas disponibles, en medio de la saturación del sistema público que impidió la atención de una bebé de dos meses que falleció en San Antonio, por un protocolo de la Contraloría.
“La Contraloría impide que determinadas empresas hagan contratos con el Estado, porque han incumplido determinadas reglas laborales”, señaló Aguilera.
Desde el ente contralor manifestaron que “en relación a lo expresado por la ministra de Salud, la Contraloría General de la República aclara que no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados”.
Tras la información de Contraloría, por medio su cuenta de Twitter, desde el Ministerio de Salud le respondieron al ente contralor, afirmando que lamentan la “confusión involuntaria”.
“Efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”, expresaron desde la cartera de Gobierno.
Tras estas declaraciones, parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición criticaron duramente la gestión del Ministerio de Salud.
Algunos de ellos piden la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, e incluso amenazan con una acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera.
“Esto es inaceptable y tiene que ser objeto de un profundo y severo sumario para poder encontrar las responsabilidades administrativas por las cuales no se contactó a dicha clínica”, señaló el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino.
Mientras que la diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, dijo que “las palabras vertidas por la ministra confirman lo que ya habíamos señalado, que sí había camas en la red privada, pero que no se hicieron las gestiones correspondientes”.
Desde el Partido Republicano, en tanto, anunciaron que si el subsecretario de Redes Asistenciales no renuncia, intentarán destituir a la ministra.
“Tiene que renunciar ya, y si en 24 horas no lo hace, vamos a hacer efectiva la responsabilidad que recae en la ministra de Salud a través de una acusación constitucional”, señaló el diputado Benjamín Moreno.
