PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Crece presión para destrabar reforma política del Gobierno de Boric tras desgaste por Ley Miscelánea
La negociación de la principal iniciativa económica del Gobierno reactivó en el Congreso los llamados a enfrentar la fragmentación partidaria. La reforma impulsada por Álvaro Elizalde lleva más de siete semanas esperando la constitución de una Comisión Mixta y sigue sin urgencia del Ejecutivo.
El desgaste sufrido por el Gobierno para reunir los votos de la Ley Miscelánea volvió a poner sobre la mesa un problema que La Moneda había relegado: la fragmentación del Congreso.
Parlamentarios de Chile Vamos y otros sectores comenzaron a presionar para que, una vez despachado el proyecto bautizado “Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”, el Ejecutivo reactive la agenda de reformas políticas. El primer proyecto en la fila es la iniciativa impulsada por el exministro del Interior Álvaro Elizalde, aprobada casi por completo por ambas cámaras, pero detenida desde el 9 de junio.
Ese día, el Senado envió la reforma a una Comisión Mixta para corregir una diferencia puntual sobre las declaraciones de principios de los partidos. Más de siete semanas después, tal como informó El Mostrador, la instancia ni siquiera se ha constituido: el Senado ya nombró a sus cinco representantes, pero la Cámara de Diputados aún no comunica oficialmente los suyos.
El proyecto busca fortalecer los comités parlamentarios, elevar las exigencias para constituir y financiar partidos y endurecer los requisitos de las candidaturas independientes. Pese a su respaldo transversal, desde el PC hasta Republicanos, el Gobierno de José Antonio Kast no le ha asignado urgencia.
La falta de impulso contrasta con las dificultades que el propio Ejecutivo enfrentó durante la Ley Miscelánea. Para evitar derrotas, los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García debieron negociar apoyos con el PDG, la DC, el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, los libertarios y parlamentarios independientes, entregando concesiones a colectividades minoritarias incluso por sobre demandas de sus aliados.
Ese escenario fortaleció las voces que piden intervenir el sistema político. Según consigna La Tercera, la diputada Constanza Hube (UDI) sostuvo que existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de terminar con la “fragmentación extrema” y propuso reducir el número de parlamentarios elegidos por distrito y aumentar la cantidad de distritos para acercar a los representantes a sus electores.
A la discusión, de acuerdo al citado medio, también comenzaron a sumarse los republicanos, que hasta hace pocas semanas sostenían que estas reformas no eran prioritarias.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), en tanto, pidió dar “primera prioridad” a esta agenda después de la megarreforma y aseguró haber planteado el tema a los ministros Alvarado y García. Junto al diputado Diego Schalper (RN), impulsa además modificaciones para elevar los requisitos de las acusaciones constitucionales, propuesta que reúne respaldos en la derecha, el PS, el PPD y la DC.
En la Cámara continúa congelada —con pocas probabilidades de salir del congelador— otra reforma que establece un umbral electoral para que los partidos accedan a representación parlamentaria. La iniciativa, aprobada por el Senado, fue presentada transversalmente en 2024 y tiene entre sus autores al actual ministro García y a la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno paga el costo de negociar cada voto en un Congreso atomizado, las reformas destinadas a reducir esa fragmentación siguen sin urgencia y esperando turno. La megarreforma dejó expuesto el problema; ahora aumenta la presión para que La Moneda deje de administrarlo y comience a corregirlo.
