PAÍS
Créditos: Agencia UNO
Según los parlamentarios del Partido Republicano, “lo que buscamos no solo es que la Contraloría se pronuncie, sino que sancione como es debido. Y si considera que estos antecedentes constituyen un delito, sean presentados ante la Fiscalía para que se abra una investigación”, tras denunciar al edil de Recoleta por mal uso de recursos municipales para el traslado de personas a dos manifestaciones la semana pasada.
Los diputados del Partido Republicano (PLR), José Carlos Meza y Agustín Romero, y el abogado jefe de asesores de la bancada, Emiliano García, ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
En concreto, acusan al edil de uso inadecuado de recursos municipales, en el traslado de adultos mayores a dos manifestaciones por la reforma de pensiones del pasaso 19 de julio, que se realizaron en las afueras del Palacio de Tribunales de Justicia ubicados en calle Compañía 1140, comuna de Santiago; y en las afueras del ex Congreso, donde está instalado el Consejo Constitucional.
En la denuncia, los parlamentarios argumentan que esto constituye una grave infracción al principio de probidad administrativa, y entre los antecedentes que adjuntaron al escrito figuran pantallazos de videos donde aparecería una concentración de gente, donde algunas de estas bajarían de un bus con el logo municipal.
Asimismo, añadieron pantallazos de tweets de la legisladora Karol Cariola, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ambas del Partido Comunista, a quienes acusan de llamar a la convocatoria y que, de acuerdo a las publicaciones, asistieron a la marcha.
Por esto, el diputado Meza sostuvo que “hemos concurrido a la Contraloría General de la República para que se abra una nueva causa e investigación en contra del alcalde Jadue, y se sancione al municipio de Recoleta y a su alcalde por utilizar los recursos municipales para actividades políticas ajenas a lo que corresponde a un municipio”.
“Nos percatamos que las personas que participaron en las manifestaciones fueron trasladadas por buses del municipio de Recoleta”, añadió. “Lo que buscamos no solo es que la Contraloría se pronuncie, sino que sancione como es debido. Y si considera que estos antecedentes constituyen un delito, sean presentados ante la Fiscalía para que se abra una investigación”, explicó el parlamentario republicano.
“La semana pasada, a la misma hora, y en el centro de Santiago, se realizaron dos manifestaciones lideradas por la izquierda, una de ellas fue la marcha por calle Bandera, en la que se abogaba para que el Gobierno empujara una reforma de pensiones que los chilenos no queremos; y la otra de organizaciones lideradas por la CUT para manifestarse en contra de los consejeros constitucionales republicanos”, especificó.
Por su parte, el abogado García añadió que “los bienes de la Municipalidad, como es el mismo bus que ocupó la Central Unitaria de Trabajadores, es un bien de la Municipalidad y la Contraloría tiene el deber de velar por el uso del recurso público”.
“Contraloría, como en otras ocasiones, debe determinar, por ejemplo, una sanción administrativa, que hay una falta a la probidad. Eso tiene, evidentemente, una sanción administrativa, pero que no es menor porque implica la utilización de los recursos públicos que corresponden a todos los vecinos de Recoleta”, precisó.
