Opinión
Es crucial el rol del Estado en el diseño de las reglas del juego y en su fiscalización, que permitan un mejor desempeño de la actividad privada, junto a políticas progresivas que tiren para arriba a los más vulnerables, para que accedan a las nuevas oportunidades que entrega el crecimiento económico. Pero esos roles son distintos a un Estado que reemplace al sector privado en innovar, emprender, invertir y generar ingresos. El Estado debe apoyar y complementar al sector privado, facilitar su crecimiento, no sustituirlo. Lamentablemente, se ven indicios de que vamos en la otra dirección.
Sorpresa trajeron los resultados de la Casen 2022: la pobreza de ingreso llegó a su mínimo histórico de un 6,5%, a pesar de que el mercado laboral no ha vuelto a sus niveles prepandemia, que los ingresos autónomos del decil más pobre se redujeron casi a la mitad y que la alta inflación disminuyó el poder adquisitivo de los hogares. ¿Qué ocurrió entonces? Las palabras del ministro Marcel lo dejan muy claro: “En esta oportunidad, la política pública fue más importante que el crecimiento económico”, haciendo referencia al aumento de los subsidios del Estado hacia los hogares en el último tiempo.
Si bien la reducción de la pobreza siempre será una buena noticia, lo que preocupa es que las ayudas estatales ganen protagonismo sobre la capacidad de los hogares de generar sus propios ingresos. Mientras los subsidios provienen de un mayor gasto estatal, los ingresos autónomos de los hogares provienen de la fuente de este gasto: la actividad privada. Por esto, es crucial que el papel del Estado sea un complemento al sector privado, no un sustituto de este. De lo contrario, el desarrollo del país tendrá un techo.
Lamentablemente, existen áreas de la economía en que se ve un cierto riesgo de que el Estado se convierta en un reemplazante, más que en un colaborador junto al sector privado. Una de estas áreas es nuestro sistema de pensiones, con la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La PGU es una transferencia estatal de $206.173 a todos los mayores de 65 años, excluyendo al 10% más rico de la población. Hoy el gasto de la PGU es mayor a la suma de las pensiones autofinanciadas, producto de que los actuales jubilados participaron de una economía y un mercado laboral precarios, por lo que la PGU cumple bien el rol de aumentar las pensiones de una generación que desempeñó su vida laboral en una economía que tenía tasas de pobreza que superaban el 60%.
El problema es que, en la actual discusión pública, se ve mucho interés y énfasis de los políticos de todos los colores en seguir aumentando esta pensión estatal, pero no se ve el mismo interés y énfasis en fortalecer la fuente de la pensión autofinanciada, que es la economía formal. Se corre el riesgo de que en cada Gobierno se llegue al acuerdo político de seguir aumentando el gasto estatal en pensiones, sin aprobar medidas que permitan aumentar el ahorro previsional propio de los trabajadores, con el resultado de que los ciudadanos perciban las ayudas estatales como un sustituto y reemplazo, y no como un complemento a su ahorro individual. ¿Crees que es un pronóstico exagerado? Recuerda que, desde que se creó el sistema, las únicas reformas relevantes aprobadas en el Congreso en esta materia han sido las del aumento del gasto estatal en pensiones.
La industria del litio es otra área en que se ve un riesgo de que el Estado adquiera el rol protagónico, desplazando al sector privado y al mercado como mecanismo de asignación eficiente. En abril de este año, Corfo asignó a la empresa China BYD como productor especializado de cátodos de batería, a partir del litio, que le deberá entregar SQM a un precio subsidiado, menor al precio de mercado. Ante esta intervención estatal, cabe preguntarse: ¿cuántos ingresos tributarios provenientes del royalty del litio se pierden al obligar a SQM a entregar litio a esta empresa china a precio preferente? Luego, ¿es eficiente impulsar, o más bien forzar, la producción de cátodos de batería lejos de la industria automotriz, yendo en contra de las prácticas usadas en los mercados de este producto?
Luego, el Estado anunció que asignaría de forma directa contratos especiales de explotación de litio a sus empresas, Codelco y Enami, en salares distintos del de Atacama, en lugar de realizar una licitación abierta en que compitan en igualdad de condiciones empresas estatales y privadas, lo que permitiría entregar el permiso a la compañía más eficiente y apta para el trabajo.
De esta forma, por un lado, estamos viendo un Estado que está subsidiando y forzando la producción de cátodos de litio lejos de la industria automotriz, desafiando el criterio usado por los mercados, y, por otro lado, en la explotación del mineral tenemos un Estado que pretende competir solo, impidiendo una licitación que asignaría la actividad a la empresa más competente y eficiente, lo que se traduciría en más ingresos a nuestras arcas fiscales.
Es crucial el rol del Estado en el diseño de las reglas del juego y en su fiscalización, que permitan un mejor desempeño de la actividad privada, junto a políticas progresivas que tiren para arriba a los más vulnerables para que accedan a las nuevas oportunidades que entrega el crecimiento económico. Pero esos roles son distintos a un Estado que reemplace al sector privado en innovar, emprender, invertir y generar ingresos. El Estado debe apoyar y complementar al sector privado, facilitar su crecimiento, no sustituirlo. Lamentablemente, se ven indicios de que vamos en la otra dirección.
