En visita relámpago a Arica Presidente Boric se deja caer en toma controlada por el Tren de Aragua

En su tercera visita a la Región de Arica y Parinacota, el Presidente Gabriel Boric visitó la población Cerro Chuño, barrio de viviendas sociales contaminadas con plomo y arsénico ubicado en el sector nororiente, que se erigió como el centro de operaciones de la banda de “Los Gallegos” en los últimos 3 años en Arica.

Desde la Presidencia de la República, a través de un escueto párrafo, confirmaron a El Mostrador que el Primer Mandatario “efectivamente hizo un recorrido por el Cerro Chuño antes de su regreso a Santiago”.

Fuentes reservadas indicaron que, desde que arribó a esta ciudad fronteriza el martes pasado, Boric manifestó su intención de ir a ese lugar, debido a la conmoción pública que ha causado por los 4 operativos realizados por la Fiscalía, para desbaratar organizaciones criminales filiales del Tren de Aragua, las cuales han sido responsables de homicidios, extorsiones, secuestros, trata de personas, y tráfico ilícito de estupefacientes desde el 2020 en adelante. Es más, el Mandatario ya habría expresado su intención de recorrer el sector en una visita anterior, pero su equipo de seguridad le dijo que era inconveniente, dado que estaban en pleno apogeo las mafias del crimen organizado en ese territorio.

Según señaló la misma fuente, “el Presidente, desde que llegó expresó la intención de ‘pasar’ por la población, es decir, observarla desde la avenida principal. Sin embargo, llegando al lugar, hubo cambio de planes y la cápsula subió por la calle Morrillos, que es la que divide a ese barrio y que permite ver todas las calles y lo que hay allí”.

En efecto, pasadas las 15:30 horas del martes y cuando se desplazaba hacia el aeropuerto Chacalluta por la avenida Capitán Ávalos, el Jefe de Estado pidió subir por la calle Morrillos que empalma con la arteria por donde transitaba. Por unos breves minutos, Carabineros cerró el acceso a Morrillos, calle que divide en dos a la población, donde, sin bajarse del vehículo oficial, Boric pudo apreciar el estado del sector, es decir, las casas contaminadas que fueron desalojadas por contaminación polimetálica y luego tomadas por ocupantes chilenos y extranjeros, además de basura y quemas permanentes de desechos regados por la vía pública, dado que el sitio se encuentra a 500 metros del vertedero municipal.

Luego, la cápsula presidencial tomó una calle hacia el norte, para retomar su desplazamiento por la avenida Capitán Ávalos hacia el terminal aéreo situado al norponiente de la ciudad. En su paso, fue acompañado por un dispositivo del Gope de Carabineros, no presentándose ningún inconveniente. En la visita no hubo autoridades regionales.

De esta manera, el propio Jefe de Estado venció el mito de que hoy el sector es “inexpugnable” y con una alta peligrosidad, condiciones que han esgrimido las autoridades regionales para justificar el retraso del plan de erradicación y demolición de las 707 viviendas básicas contaminadas y de una toma contigua a la población propiciada por “Los Gallegos”, pese a que el suelo presenta altos niveles de contaminación polimetálica.

Reunión con el alcalde

La breve visita de Boric a la población Cerro Chuño, habría sido gatillada por la reunión que dos horas antes sostuvo con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, en la sede social de la Villa Altos del Mar. Durante unos 10 minutos, el jefe comunal le hizo presente su preocupación por el incumplimiento del compromiso de demoler las viviendas contaminadas y que se ha postergado durante cuatro gobiernos. En la cita, Espíndola solicitó la designación de un delegado especial para esta tarea, con atribuciones similares a aquellos que se asignan cuando ocurren catástrofes.

Sobre el paso del Presidente por Cerro Chuño, el jefe comunal dijo que “me sorprende esta información. Creo que es una muy buena noticia que el Presidente haya ido a Cerro Chuño, sobre todo después de haberme reunido con él en la mañana y plantearle la necesidad de erradicar Cerro Chuño con una propuesta desde nuestro municipio, que es la designación de un delegado especial con las máximas atribuciones para hacerse cargo de este problema en todas sus dimensiones”.

Espíndola agregó que el problema que se arrastra con Cerro Chuño “tiene la dimensión de una catástrofe, por lo tanto, tiene que ser abordado con todas las herramientas que el Estado pueda proveer para que esto ocurra. Valoro que haya subido por calle Morrillos y que haya visto in situ de lo que estamos hablando. Que esté en una calle que te demuestra la carencia, la destrucción de ese espacio, la contaminación que existe, es una buena noticia”.

El alcalde dijo que en la conversación sostenida con el Primer Mandatario “no fui con una lista de supermercado a pedir cosas. Fue más bien una conversación reflexiva, sobre todo respecto del impacto que ha causado Cerro Chuño en nuestra ciudad con todo el problema de seguridad y criminalidad, focalizada en la erradicación necesaria con un delegado especial”.

Erradicación paralizada

Si bien la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo –en su visita el martes pasado a Arica– que existía una comisión funcionando para lograr la erradicación y contar con un Plan Maestro a fines de este año, lo que se conoce es que el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, constituyó el 2023 la denominada Comisión de Recuperación de Bienes Fiscales. Su objetivo fue impulsar un plan para este efecto, pero con un sentido “social y humanitario”, a fin de evitar complicaciones con un nuevo recurso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tal como el que paralizó su desalojo el 2017.

La secretaria de Estado también esgrimió como excusa para no erradicar aún, que la Fiscalía y las policías están ejecutando procedimientos investigativos en el sector, indicando que “están en desarrollo un conjunto de acciones policiales para mantener control de las situaciones que en ese lugar ha habido, que se refieren a la presencia de bandas delictuales y delitos que se cometen al interior del mismo lugar, o desde ahí hacia afuera. Ha habido también un trabajo colaborativo desde la Delegación con el municipio, para evitar que se instalen, alrededor de ese asentamiento, nuevos asentamientos”.

Esta es la segunda vez que el delegado Sanzana se enfrenta al desafío de erradicar el barrio. El año 2017 tuvo un intento fallido cuando era gobernador de Arica, debido a que la Corte Suprema consideró ilegal el procedimiento aplicado, tras acoger un recurso de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Ahora, en este nuevo escenario, estaría llamado a elaborar una estrategia que debería considerar un barrio de emergencia para acoger a las familias y un plan de prestaciones para ellas, instrumentos que permitirían acallar cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos influyentes en el Gobierno. La solución de crear un barrio temporal de acogida, plantea la dificultad de cómo instalarlo sin que haya una reacción negativa de la comunidad, especialmente la que será vecina de este emplazamiento.

Dentro de la Comisión, fueron formadas varias subcomisiones. Una de ellas estuvo integrada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, del Trabajo, del Medio Ambiente y de Educación, y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Al grupo se le encomendó elaborar una encuesta, para luego aplicarla en el barrio y así determinar cuántas personas residen, existencia de niños, su escolaridad, red de apoyo, y el tipo de familias que deberían ser erradicadas.

El instrumento fue despachado el segundo semestre al delegado presidencial y al seremi de Gobierno, Nicolás González, este último encargado de monitorear el proceso. Tras la entrega de este documento, la Comisión no volvió a reunirse y, a pesar de que se había decidido aplicar la encuesta en enero de este año, finalmente la tarea no se hizo. Una de las razones sería la oposición de dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) a desplegar empleados públicos en ese terreno, para realizar la encuesta.

Durante las sesiones de la Comisión, se habría desestimado la condición de “inexpugnable” de Cerro Chuño, especialmente por la presencia de la banda criminal “Los Gallegos”, y que impediría hacer una erradicación pacífica. Para ello, en la instancia se verificó la experiencia del PreCenso del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entidad que el 2023 pudo ingresar al sector para cumplir con este proceso, acompañada de un discreto operativo de Carabineros de Chile. No hubo robos, ni secuestros, ni maltrato a los censistas, lo que indicaría que el terreno es posible abordarlo con una estrategia de intervención comunitaria no violenta, para cumplir finalmente con la demolición de las casas contaminadas.

Una figura ausente hasta hoy en este proceso es el subsecretario del Medio Ambiente, Juan Maximiliano Proaño. Públicamente no se ha visto en terreno liderando el plan de erradicación, pese al Decreto N° 16 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que lo designó el 16 de junio de 2022 como Autoridad Coordinadora del Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica.

Entre sus funciones, según señala el decreto, la Autoridad Coordinadora “será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de todos los programas establecidos en la presente ley, así como ejecutar la coordinación de las tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Arica y Parinacota”.

Erradicación pendiente

La población Cerro Chuño se mantiene en pie, pese a que la Ley de Polimetales del año 2012 declaró ese polígono como inhabitable, a raíz de la presencia de arsénico por haber sido emplazada frente a un sitio industrial de la Procesadora de Metales (Promel), empresa local que importó desechos minerales tóxicos desde Suecia en la década de los ochenta, bajo la falsa intención de procesarlos para extraer minerales.

La presencia de minerales tóxicos en ese sitio fue denunciada por el diputado PPD de la época, Salvador Urrutia, quien exhibió en noviembre de 1997 un informe de Sernageomin que revelaba esta situación. Desde esa época, los vecinos de las poblaciones Los Industriales y Cerro Chuño levantaron una campaña mediática y judicial para conseguir la erradicación y demolición de las viviendas básicas que construyó el Serviu en ese sector.

Recién el año 2012, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, se consiguió la promulgación de la Ley 20.590, que estableció un Programa de Intervención en Zonas Contaminadas con Polimetales en la comuna de Arica.

La iniciativa consideró la demolición de más de 800 viviendas, acción que se inició el 2013, pero fue paralizada por el intendente regional de ese entonces y actual senador por Arica y Parinacota, José Durana, a raíz de que los propios vecinos reclamaron por la polución que estaban generando los trabajos en terreno y la inexistencia de medidas de mitigación.

La destrucción de las casas contaminadas presentó, además, un problema estructural: la oferta disímil y descoordinada de soluciones habitacionales para los erradicados. En rigor, el Estado ofreció departamentos y casas como compensación, pero no simultáneamente. Así, los que optaron por departamentos salieron primero del lugar y se quedaron aquellos que solicitaron casas. Cuando el Servicio de Vivienda y Urbanización intentó demoler los inmuebles abandonados, se encontró con la dificultad de no poder hacerlo, dado que estaban construidos bajo el sistema de “trenes”, es decir, si intentaba destruir una, dejaba sin apoyo estructural a otras que aún estaban habitadas.

Casi al finalizar el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el 2017 la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones que suspendió la erradicación de la población que estaba ejecutando el gobernador de Arica, Ricardo Sanzana, hoy delegado presidencial regional y quien ha sido comisionado nuevamente para ejecutar esta tarea.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, se retomó el plan de demolición con intervenciones parciales, logrando la destrucción de 86 viviendas entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

En plena pandemia, otro fallo de la Corte Suprema, el año 2021, dispuso la reposición el servicio de agua potable con cargo al presupuesto del Serviu, para todos los habitantes de las casas de Cerro Chuño, las cuales se encuentran tomadas por chilenos y migrantes de nacionalidades peruana, boliviana, dominicana, colombiana y venezolana. La acción fue patrocinada por la abogada María Josefina Prado, quien ahora es la asesora jurídica del delegado presidencial regional.

Otro dictamen de la Suprema, tras rechazar recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por el Serviu, obligó a pagar más de 1.000 millones de pesos con cargo a ese servicio, por cuentas de agua potable consumida en el periodo 2020-2021 por los ocupantes irregulares. Hoy existe un macromedidor que lleva el registro del agua que consumen en cada vivienda y mensualmente el Serviu debe desembolsar entre 13 y 16 millones de pesos por el suministro.

El 27 de octubre de 2022, con la llegada del Gobierno del Presidente Boric, el Serviu interpuso una querella por el delito de usurpación y mal uso de agua potable en el sector Cerro Chuño, al verificar un aumento vertiginoso en las cuentas de agua potable.

Para ello, acompañó el informe que había elaborado la administración gubernamental anterior. El análisis, de fecha 25 de enero de 2022, advertía un aumento de entre un 16 y un 25% en los meses de octubre a diciembre de 2021, al compararlo con el periodo septiembre-octubre. Lo que llamó la atención del Serviu es que el incremento se produjo justo en el periodo en que lograron demoler 48 casas del sector, por lo que no resultaba lógico que el consumo se disparara, si había menos familias asentadas.

Pese a que el informe contenía un registro fotográfico donde se evidenciaban camiones aljibes en el sector supuestamente comprando agua, el Ministerio Público –el mismo que ha realizado 4 operativos desde 2022 en el sector para desarticular a las bandas de “Los Gallegos” y “Tren del Coro”– decidió no perseverar en esta causa, en una audiencia celebrada el 7 de mayo pasado en el Juzgado de Garantía de Arica.

Otro problema en el sector lo constituye el hurto de energía eléctrica, con peligrosas conexiones desde las viviendas a los postes de alumbrado público que costea la Municipalidad de Arica. Coexiste además un sistema de abastecimiento desde una torre de media tensión, habilitado por “Los Gallegos”, hacia la toma contigua a las viviendas Serviu. Por este “servicio”, según indagaciones de la PDI, la banda criminal exigía un pago semanal de 5 mil pesos, con la amenaza de agresiones y ajusticiamiento en caso de no cancelarlo.