Senador Walker por reforma en seguridad: “Es una locura que claramente no va a contar con mi voto”

La reforma constitucional del gobierno -y que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)- continúa generando reacciones y reparos entre los parlamentarios. Se trata de un borrador del proyecto, el que continúa siendo socializado por el Ejecutivo, debido a las advertencias que han levantado incluso representantes del oficialismo.

Uno de los puntos que comenzó a generar cuestionamientos es la modificación que busca establecer que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico pierdan acceso durante su período de condena y 15 años tras su cumplimiento a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social.

En cuanto a las garantías de salud, fue la propia ministra de la cartera, May Chomalí, quien señaló que la iniciativa colisiona con algunas leyes vigentes, como la ley de urgencia. 

Frente a este escenario, el senador independiente, Matías Walker, reiteró sus críticas al Ejecutivo y calificó el texto como una locura, descartando acudir con su voto en caso de mantenerse la redacción. 

“El éxito de la Operación Cancerbero demostró que no es necesaria una reforma constitucional para perseguir y aislar el crimen organizado, como lo propone un proyecto de ley que presentamos el año 2024 para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas, aislar al crimen organizado en las cárceles y que tengan contacto cero con el exterior. Y esperamos que el gobierno pueda patrocinar esta iniciativa”, dijo el parlamentario. 

En esa línea, Walker reiteró que “es contrario a la esencia misma de los derechos humanos el privarle a las personas que hoy día están en los recintos penitenciarios su derecho a la salud o a sus hijos, incluso 15 años después de haber cumplido una condena, como propone el borrador que conocimos de esta reforma constitucional, que espero que no se transforme en un proyecto concreto”.

“Como lo ha advertido la propia ministra de Salud, incluso las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud. Hasta Bukele reconoce este derecho en las cárceles que tiene en El Salvador. Por lo tanto, es una muy mala idea del gobierno, es una locura que claramente no va a contar con mi voto favorable”, sentenció.