La Semana Política: las modificaciones a la reforma de seguridad que no convencen al Congreso
“Hay muchas modificaciones que se tienen que hacer, pero considero que por sí solo no es un proyecto que en realidad pueda aportar a detener el crimen organizado. No sé si la vía constitucional en el fondo era lo correcto”, dijo la abogada de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado.
Luego de que La Moneda anunciara el retiro de la suma urgencia al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad y abriera una ronda de conversaciones con expertos y parlamentarios, persisten las críticas tanto en el oficialismo como en la oposición al contenido de una iniciativa que ha sido calificada como innecesaria para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.
En un nuevo programa de La Semana Política , la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, debatieron sobre la viabilidad de un acuerdo que permita el avance de la reforma constitucional, las críticas transversales a la idea de un nuevo estado de excepción y las dificultades del Ejecutivo para alinear al propio oficialismo.
A juicio de Ortiz, el contenido del proyecto conforma el carácter iliberal de la reforma constitucional, que -a su juicio- encamina al Estado de Chile a ser un Estado autoritario, “donde por la pura potestad de una persona, por 120 o hasta 240 días, se pueden suspender facultades como el derecho a reunión, el derecho a locomoción, el derecho de asociación, que son básicas de las personas”.
“¿Qué hacer cuando eso ya queda claro? ¿Basta con ingresar modificaciones? O lo que hay que hacer derechamente es retirar un proyecto que no se negoció, que no se conversó, que no tiene relación con la realidad de lo que necesita el país en seguridad. Donde evidentemente lo que se necesita es gestión y no reformas constitucionales”, enfatizó.
En esa línea, el abogado agregó que frente a la acusación de un proyecto iliberal, el problema no se resuelve con modificaciones, sino que recuperando el foco hacia una “agenda por la cual fue electo este gobierno, que es mejorar la seguridad a través de la gestión y ojalá que este bochorno constitucional lo pasemos rápidamente”.
Por su parte, Delgado apuntó a la necesidad de que la iniciativa de reforma constitucional pase nuevamente por una discusión prelegislativa, donde -por ejemplo- la conformación de una mesa técnica habilitaría un diálogo más transversal en el Congreso.
“Hay muchas modificaciones que se tienen que hacer, pero considero que por sí solo no es un proyecto que en realidad pueda aportar a detener la delincuencia, el crimen organizado o el narcotráfico. (…) No sé si la vía constitucional en el fondo era lo correcto”, añadió.
Asimismo, la abogada de la Fundación Jaime Guzmán destacó que también “se están tomando otras medidas” mediante proyectos que actualmente ya están en tramitación legislativa y que serán priorizados por el Ejecutivo en acuerdo con el Congreso.
“Modernización de Carabineros, modernización de la PDI, dos proyectos que están en mixta también como las Reglas del Uso de la Fuerza y ley de inteligencia económica, y varios otros proyectos. Así que no creo que esta sea la única estrategia que tiene el Ejecutivo para el tema de seguridad”, señaló.
En ese sentido, insistió en la necesidad de quitar la urgencia a la reforma constitucional para “dar el espacio de conversación con parlamentarios y asesores”, incluso antes de que se empiece su tramitación, con el fin de alcanzar los consensos que se requieren.
