Mesa del Senado prepara cambios ante eventual desafuero de parlamentarios investigados

La Mesa del Senado comenzó a revisar los procedimientos internos que podrían aplicarse ante un eventual desafuero de alguno de los parlamentarios actualmente investigados por el Ministerio Público, en un escenario que podría alterar tanto el funcionamiento de la Cámara Alta como su estrecha correlación de fuerzas.

La directiva, encabezada por la presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI), trabaja junto al Consejo para la Transparencia en la elaboración de un nuevo reglamento para la corporación. Dentro de ese proceso, uno de los aspectos que comenzó a ser analizado es la eventual pérdida del fuero de un senador y las consecuencias que ello podría generar en el funcionamiento de la Sala.

Las conversaciones se encuentran todavía en una etapa inicial, según consignó Emol, pero la intención de la actual Mesa es contar con una propuesta para discutirla una vez concluido el año legislativo. El objetivo es anticiparse a una situación que, aunque no se ha concretado para ninguno de los senadores investigados, podría modificar la composición efectiva de la Cámara Alta.

Entre los parlamentarios mencionados en distintas investigaciones se encuentran Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ind.), ambos vinculados al caso Junaeb. También figuran Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (ind.), Loreto Carvajal (PPD), Matías Walker (Demócratas) y Karol Cariola (PC), aunque en causas distintas y en diferentes etapas procesales.

Actualmente, ninguno de ellos ha perdido su fuero parlamentario.

Cambios reglamentarios

El caso que aparece como más cercano a un eventual desafuero es el de Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía ya había solicitado esta medida en una investigación por presunto fraude al Fisco relacionado con asesorías parlamentarias. Sin embargo, la audiencia fue suspendida después de que la investigación se reabriera, por lo que el Ministerio Público deberá volver a presentar la solicitud cuando corresponda procesalmente.

En el Senado existe la percepción de que, si se produjera un primer desafuero entre los parlamentarios investigados, podría corresponder al caso de Calisto. Las demás causas, en cambio, podrían prolongarse durante meses o años, o incluso no derivar en la pérdida del fuero.

La situación adquiere especial importancia debido a la ajustada distribución de fuerzas en la Cámara Alta. De los 50 escaños, el oficialismo cuenta teóricamente con 23 votos y necesita alcanzar 26 para obtener mayoría absoluta.

En algunas votaciones relevantes, el Ejecutivo ha conseguido completar ese número con apoyos de senadores de oposición, entre ellos Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y Vanessa Kaiser (PNL). Ese respaldo ha permitido alcanzar la mayoría necesaria para aprobar iniciativas como el Plan de Reconstrucción Nacional.

Un eventual desafuero reduciría el número de senadores en ejercicio y, por consiguiente, el quórum requerido para obtener mayoría absoluta. Si la Sala quedara integrada por 49 parlamentarios, serían necesarios 25 votos. Sin embargo, la mayoría oficialista seguiría dependiendo de acuerdos con un grupo reducido de senadores.

Con ese escenario en consideración, la Mesa del Senado solicitó al Ejecutivo en marzo, al inicio de su período, que enviara con la mayor rapidez posible sus principales proyectos, con el propósito de aprovechar el tiempo legislativo disponible.

La posibilidad de establecer un mecanismo para reemplazar a un parlamentario desaforado también fue evaluada en algún momento por algunos senadores. Sin embargo, esa alternativa habría sido descartada debido a los plazos legislativos disponibles.

El Senado enfrenta además un calendario estrecho para los próximos meses, con cerca de cinco meses efectivos —descontadas las semanas regionales— para tramitar y despachar proyectos prioritarios como la reforma constitucional de seguridad, la iniciativa sobre mercado de capitales y la Ley de Presupuestos.

La actual Mesa busca dejar encaminados los cambios reglamentarios antes del cierre del año legislativo. Según el acuerdo administrativo alcanzado al inicio del período, la próxima presidencia del Senado correspondería a Alfonso de Urresti (PS), mientras que la vicepresidencia recaería en Rojo Edwards (IND-RN).

De esta manera, la directiva encabezada por Núñez y Moreira pretende avanzar en las modificaciones antes de que la conducción de la corporación cambie de manos y la presidencia pase al sector opositor.