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Ofensiva húngara contra grupos de ultraderecha reactiva vínculo con organismo presidido por Kast
El gobierno húngaro inició una ofensiva para recuperar 60 mil millones de euros desviados durante la era de Orbán. La indagatoria también busca aclarar transferencias a organizaciones vinculadas a la CPAC, entre ellas la PNfV, presidida por Kast, que recibió US$ 1,3 millones sin presentar balances.
A casi cuatro meses de asumir el poder, el nuevo Gobierno de Hungría puso en marcha una ofensiva para rastrear fondos públicos y activos que habrían terminado, por vías cuestionadas, en manos de la familia del ex primer ministro Viktor Orbán, sus aliados, oligarcas y testaferros.
La arremetida se presenta pocos de días después de que la Unidad de Investigación de El Mostrador, informara que uno de los organismos perteneciente al ecosistema de organizaciones de ultraderecha que funcionaron en Hungría, la Political Network For Values (PNfV), había sido cancelada en Estados Unidos tras no presentar sus balances desde el año 2021.
El actual Primer Ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció que la indagatoria busca aclarar los traspasos de dinero del Gobierno de Orbán a las organizaciones que trabajaron al alero de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), entre ellas, la PNfV de Hungría que recibió US$1,3 millones cuando José Antonio Kast estuvo al mando del organismo.
El organismo encargado de investigar es la Autoridad Nacional para la Recuperación de Activos (NVVH), creada a finales de julio con amplias atribuciones e independencia, quien indagará en el destino de recursos públicos y bienes estatales durante los gobiernos de Orbán desde 2010, además de formular mecanismos para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
La autoridad cuenta con facultades policiales y fiscales, por lo que podrá investigar casos y presentar cargos. Su trabajo estará sujeto al control del Parlamento húngaro.
El nuevo Gobierno, encabezado por el Primer Ministro Péter Magyar y su partido Tisza, busca además que los recursos recuperados regresen al Estado y que quienes se beneficiaron de ellos enfrenten eventuales responsabilidades ante la justicia.
Las cifras involucradas son millonarias. Magyar ha estimado en unos 60.000 millones de euros el monto de los fondos presuntamente robados o desviados, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta tres veces más.
La recuperación de esos recursos aparece como uno de los principales desafíos para la nueva administración y podría incidir en el futuro político de Magyar y de Tisza.
Encargada de investigar
A fines de agosto, el Parlamento designó a la politóloga Anna Unger, de 46 años, como directora de la nueva institución, tras un proceso de selección en el que participaron cerca de 100 candidatos.
Durante su comparecencia ante el Parlamento, Unger sostuvo que durante el período de Orbán se desarrolló algo que excedía la corrupción tradicional y describió la existencia de un sistema prácticamente feudal. A su juicio, además de recuperar activos, será necesario investigar y exponer cómo funcionó ese esquema para impedir que vuelva a repetirse.
La nueva autoridad tendrá como escenario una realidad marcada por los contrastes entre el lujo exhibido por integrantes de la familia de Orbán, dirigentes de su partido y empresarios cercanos —con propiedades, jets privados, yates y millonarios contratos públicos— y las condiciones de pobreza, infraestructura deteriorada y problemas en escuelas y hospitales que afectan a parte de la población.
