Buscan anular juicio por megafraude a Fonasa: apuntan a juezas investigadas por licencias médicas

La participación de dos magistradas que enfrentaron cuadernos de remoción por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica sustenta el recurso de la Defensoría Penal Pública para anular el juicio que condenó a nueve de sus representados por el megafraude de licencias médicas a Fonasa. La presentación cuestiona la imparcialidad del tribunal y fue remitida a la Corte Suprema para su conocimiento, según consignó El Mercurio.

El primer cuestionamiento apunta a Alejandra García Bocaz, quien se inhabilitó el 18 de junio, durante los alegatos de clausura, luego de que se abriera un cuaderno de remoción en su contra. La jueza había participado durante casi todo el proceso, que se prolongó por 122 jornadas, y estaba a cargo de redactar la sentencia.

Según la Defensoría, su salida tardía no eliminó la influencia que pudo ejercer en la valoración de las pruebas ni en las deliberaciones del tribunal. La defensora Daniela Quiroz sostiene que “toda la valoración de la prueba, ella ya lo había plasmado en cierta forma en lo que había redactado de la sentencia o veredicto hasta ese momento”.

La institución argumenta que García debió apartarse desde el inicio, pues los cuestionamientos que enfrentaba estaban relacionados con el uso de licencias médicas. A su juicio, la magistrada ya había contribuido a formar el criterio de sus colegas y a elaborar parte sustancial del fallo condenatorio, dictado el 31 de agosto.

Tras la inhabilitación de García, Grace Daniela Díaz Salvo asumió la redacción de la sentencia y permaneció en el tribunal que condenó a los acusados. Sin embargo, después del veredicto trascendió que también enfrentaba un cuaderno de remoción por viajar al extranjero durante un período de reposo médico.

La presentación sostiene que el problema no se limita a las actuaciones de las juezas, sino que también involucra su capacidad para juzgar hechos de naturaleza similar a aquellos por los que fueron cuestionadas.

Especialistas, como la abogada penalista Catherine Lathrop, aseguran que la posibilidad de anular el juicio dependerá de si se acredita que los procedimientos disciplinarios comprometieron efectivamente la imparcialidad de las magistradas y que esa situación tuvo consecuencias en la sentencia.