[Opinión] Odesur: urge barrer bajo la alfombra

Dentro de una maraña de especulaciones, acusaciones encubiertas y miradas indagatorias, los únicos que dieron un paso adelante fueron los trabajadores agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional del Deporte (Anfuchid, nombre heredado de cuando la repartición era Chiledeportes).

Exigieron, obviamente, una profunda investigación por el nuevo caso de probable mal uso de fondos públicos, esta vez por 4.096 millones de pesos durante la organización de los Juegos Odesur y el Dakar 2014, según la denuncia de la Contraloría General de la República.

Pero la agrupación gremial entregó, además, un par de frases a lo menos inquietantes. Hablaron de “prácticas que ya parecen ser parte de la cultura de las jefaturas políticas que pasan por el servicio” y de que “el IND sigue siendo utilizado como mecanismo para la entrega de millonarios recursos ‘a lo amigo’, a empresas privadas, ya sea a través de transferencia directa o por exenciones tributarias”.

En el comunicado además, volvieron a denunciar que el rol fiscalizador del servicio fue “cercenado” durante la gestión del ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle.

Pero también apuntan sus dardos a “la actual autoridad del servicio, que es igualmente responsable de los hechos”, por no perseguir adecuadamente las responsabilidades administrativas correspondientes y por hacer caso omiso a los antecedentes entregados por la misma Asociación de Funcionarios el año pasado.

Los trabajadores decidieron declararse en “estado de alerta máxima”, porque “no permitiremos que se siga enlodando el nombre del servicio y de quienes se desempeñan en él, por lo que exigimos una respuesta enérgica por parte de la Presidenta Bachelet ante esta nueva y vergonzosa incompetencia de la autoridad del IND”.

La que recibió el dinero fue la Corporación Santiago 2014, entidad privada creada por el IND y el Comité Olímpico de Chile (COCH) para organizar los Juegos Sudamericanos de marzo del año pasado.

La primera irregularidad fue colocar el aporte del fisco (cinco mil quinientos millones de pesos) en un depósito a plazo, lo que reportó ganancias (intereses) por casi 128 millones. El destino de ese dinero no está claro y los dirigentes se lanzan la pelota caliente.

La directora ejecutiva de Santiago 2014, Marcela González, dijo que ese dinero se ocupó en gastos propios de la organización “que no son aceptados por la normativa de rendición de cuentas, como presentes, pagos financieros y otros”, y aseveró que todo el resto del dinero objetado fue debidamente respaldado.

“Cuando nosotros empezamos a trabajar como corporación, firmamos un convenio con el IND y el COCH en que se establece cómo se rendirían los gastos (…) Y nosotros justificamos todo ante el IND. Lo que pasa aquí es que el IND no pidió rendir ‘A’, y la Contraloría nos pide rendir ‘A+B’. Y estamos en ese proceso”, dijo a El Mercurio.

Pero son más de cuatro mil millones de pesos los cuestionados por la Contraloría, y lo realmente increíble es que un monto de esa magnitud no fuese debidamente justificado y auditado.

Ruiz Tagle intentó desmarcarse del asunto con un argumento singular: “Todos los gastos y rendiciones fueron aprobadas por el IND en esta administración, fueron hechas una vez que estábamos fuera del gobierno”, dijo, como si no se tratase de dinero gastado bajo su administración.

Luego, cuando fue encarado, espetó: “En ninguna parte se habla de desvío de recursos o mal uso. No hubo dolo ni mala fe”.

Natalia Riffo, la ministra del Deporte, señaló en cambio que las irregularidades corresponden a pagos realizados entre 2011 y 2013, y que, por lo tanto, ordenó un sumario interno. “Haremos todo lo necesario para que se aclare y el IND pueda entregar esos antecedentes que la Corporación Santiago 2014 debe recabar”.

Riffo agregó que “la Contraloría audita y hace observaciones respecto del proceso de validación de la rendición de los gastos y da 60 días para que el IND pueda efectivamente respaldar con mayores antecedentes. Por tanto, hay 60 días que tiene el IND para responder a estas observaciones”.

En un organismo competente, ese plazo no tendría que ser necesario; en el IND, al parecer sí.

El diputado Tucapel Jiménez, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara dijo que se estudiará la formación de una comisión investigadora por las irregularidades: “Son 4.100 millones por gastos que no pudieron ser justificados. Es decir, cerca del 80% de lo gastado no está respaldado. Es realmente una cifra muy alta, es plata de todos los chilenos, por lo tanto, hay una tremenda preocupación”.

El diputado Jaime Pilowski apuntó más alto: “El informe refleja falta de procedimientos y fiscalización. El Instituto Nacional del Deporte requiere cirugía mayor. Se debe potenciar con los recursos técnicos y materiales para que pueda hacer su labor de manera eficaz y eficiente”.

Así que llamarán a Riffo, González y Ruiz Tagle para escuchar sus descargos y explicaciones. Si es que las tienen, si es que las hay.

Son 4.096.350.082 pesos. Vale la pena investigar y sacar el polvo acumulado bajo la alfombra.