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Crédito: ATON
La moción presidencial ha sido criticada por especialistas, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien sostuvo que «el proyecto contradice los estándares internacionales al ignorar los principios de necesidad y proporcionalidad en uso de la fuerza». Ante la polémica generada, el senador PPD, Felipe Harboe, solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que suspendan la tramitación, “porque creo que tiene observaciones en materia de derechos fundamentales que es importante corregir”. Para el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, con este proyecto, el “Gobierno busca que policías cuenten con impunidad total para matar a costa del orden político” [ACTUALIZADA]
A las 14:30 horas de este miércoles, estaba citada, de manera telemática, la Comisión de Seguridad Pública del Senado para debatir el Boletín N° 13.124-07, presentado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile.
Sin embargo, desde el Senado confirmaron al diario El Mostrador que dicha sesión quedó sin efecto y se discutirá en los próximos días.
El proyecto de ley en cuestión, con discusión inmediata y presentado a través de un mensaje presidencial, ha sido cuestionado en redes sociales, principalmente por su artículo 8, que dice lo siguiente: «Estará exento de responsabilidad penal el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que: hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio; hiciere uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse; hiciera uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho funcionario tenga orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla».
«Los Tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados. Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile fuere agredido, comprometiendo su vida o gravemente su integridad física«, agrega el artículo.
La moción presidencial ha sida criticada por diversas personalidades, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dice que «el proyecto contradice los estándares internacionales al ignorar los principios de necesidad y proporcionalidad en uso de la fuerza».
«Con esta norma, Carabineros podrían herir o incluso matar aún cuando ello sea irracional para proteger a un tercero. Incluso la ley podría usarse indebidamente para facilitar la impunidad por los graves abusos cometidos durante el estallido social», advierte, con lo que pide que sea rechazado por el Congreso.
Ante la polémica generada, el senador PPD Felipe Harboe solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que suspendan la tramitación del proyecto, “porque creo que tiene observaciones en materia de derechos fundamentales que es importante corregir”, sostuvo. Además, señaló que “siempre es importante escuchar a las organizaciones internacionales en materia de DDHH y ver cuál es la experiencia internacional en esta materia”.
Para el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, con este proyecto, el “Gobierno busca que policías cuenten con impunidad total para matar a costa del orden político”.
“Mientras ya van cinco informes nacionales e internacionales que responsabilizan a Carabineros de graves abusos y violaciones a DDHH durante el Estallido Social, el Gobierno quiere seguir profundizando las posibilidades de abuso en manos de las policías”, dijo.
En esa línea, insistió que “la intención que se ve reflejada en el proyecto que se discute hoy en la comisión de Seguridad del Senado deja en evidencia que estamos frente a una administración que cada día se parece más a un Gobierno totalitario. El Gobierno está transformando al país en un campo de guerra donde las policías cuenten con impunidad total para matar a costa de proteger el orden político”.
«Las consecuencias serán desastrosas a medida que el país se alinea con estados donde la protección del orden político está sobre los DDHH y los crímenes de lesa humanidad se han transformado en parte del diario vivir», cerró.
La comisión de Seguridad Pública está presidida por el Evópoli Felipe Kast, y está integrada además por Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), José Miguel Insulza (PS) y Marcela Sabat (RN).
