Kast mueve sus piezas con RN y UDI, pero sigue lejos del quórum

En un intenso Comité Político Ampliado en el Palacio de La Moneda, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó un fuerte acotamiento en la reforma constitucional de seguridad para intentar lograr un acuerdo con Chile Vamos.

Ante los severos reparos planteados por los partidos de su propio sector, el Ejecutivo cedió a las presiones internas y acordó un recorte sustancial a su ambicioso paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad pública, reduciendo la propuesta original de 11 artículos a un catálogo acotado de 6 o 7 medidas específicas.

La reformulación del texto legal fue expuesta en detalle por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en un intento por consolidar de manera urgente el respaldo de UDI y de Evópoli. Sin embargo, el panorama en las filas oficialistas aún dista de ser homogéneo: al interior de Renovación Nacional (RN), los parlamentarios se mantienen divididos respecto al tenor y la conveniencia de las enmiendas propuestas.

Según explican en el Ejecutivo, el Gobierno se enfocó en tres ejes: consagrar la seguridad pública como deber estatal, crear una habilitación para el registro de agrupaciones de crimen organizado y estructurar un nuevo estado de excepción constitucional específico para zonas tomadas por la delincuencia.

Arrau confirmó que se descartó retirar las prestaciones estatales a salud por entre 10 y 15 años a las personas condenadas por crimen organizado. Esta idea había sido duramente criticada por la ministra de Salud (May Chomalí), el senador Matías Walker, y los líderes de Chile Vamos por vulnerar garantías individuales y usar la Constitución para materias estrictamente legales.

En una entrevista en Radio Duna, el Presidente de la República, José Antonio Kast, delineó  los ejes de su reforma constitucional, aclarando que no busca modificaciones precisas ante la contingencia, por lo que su plan contemplaría cinco o seis enmiendas.

El mandatario enfatizó que no se busca abrir una discusión constitucional global, sino implementar modificaciones quirúrgicas en seguridad pública, al rol de las Fuerzas Armadas y la regulación interna del Estado.

“No es el fin del plan de seguridad, si es que no se aprueban las reformas constitucionales nosotros esperamos aprobarla (…) no es una megarreforma constitucional (…) vamos de manera muy precisa a temas de seguridad pública. Hoy día en la Constitución habla de la seguridad nacional, pero no se refiere a seguridad pública con la fuerza que nosotros decimos tiene que tener para integrar esta reforma con otras modificaciones que están dentro de la agenda”, dijo el Mantadario en la entrevista.

Entre ellas Seguridad pública como “deber estatal”; un nuevo estado de excepción, endurecimiento de regímenes carcelarios y aislamiento estricto; y test de drogas para autoridades.

Según explicó el Mandatario se busca incorporar el concepto de “seguridad pública” a la Constitución superando el énfasis en “seguridad nacional”, para dar coherencia a las leyes contra el crimen organizado y terrorismo, aun cuando está en duda el listado de organizaciones criminales.

Copy Paste del Patriot Act incorporado en Estados Unidos

La idea, explican en el Senado, parece un copy paste del Patriotic Act incorporado en Estados Unidos tras el 11-S con una lista de organizaciones consideradas por las 16 agencias estadounidenses como “terroristas”.

El nuevo estado de excepción de seguridad, ya no colocaría a los militares bajo el mando de efectivos policiales, pero promueve esa herramienta constitucional específica frente a las nuevas dinámicas delictivas, definiendo las facultades del Ejecutivo y su rol de resguardo.

La propuesta contempla consagrar regímenes de aislamiento estricto para los líderes de bandas de crimen organizado dentro de nuevos módulos carcelarios de alta seguridad. Kast aclaró que esta medida irá acompañada del pleno respeto a los derechos de salud de urgencia y tratamientos médicos específicos (como el cáncer), los cuales se proveerán en enfermerías internas para evitar los riesgos asociados a traslados externos.

Desde el Ejecutivo explican que la regulación constitucional del test de drogas para autoridades es vista como necesaria. Esto debido a la falta de protocolos de la medida aplicada a comienzos de año a través de una glosa en la ley de presupuesto, lo que derivó en controversias procedimentales con la subsecretaría de Hacienda. El gobierno presentará una reforma constitucional para normar formalmente el control de drogas en las autoridades del Estado, estableciendo directrices claras para la toma de muestras y contramuestras.

Cambios a “Moción Arrau” generan adhesión de la UDI y Evópoli

El acercamiento más llamativo lo dio el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez al prever un “amplísimo apoyo” en el Congreso para las reformas constitucionales de seguridad. En menos de 24 horas, el dirigente pasó de advertir que su partido no iba a respaldar las reformas de seguridad porque “dañaban la institucionalidad”, a vislumbrar un escenario de consenso.

Según explican el entendimiento con la UDI se concretó luego de que el Ejecutivo acogiera dos exigencias gremialistas: limitar a cinco o seis las enmiendas y eliminar las restricciones a beneficios sociales —vistas como una “segunda pena”— para condenados por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo, explican conocedores del acercamiento y de la “Moción Arrau”.

Senadores Macaya y Gahona se abren a reformas constitucionales  

El senador y subjefe de comité de la UDI, Sergio Gahona, también se mostró abierto a respaldar reformas constitucionales contra el crimen organizado.

Aseguró que si la realidad del país lo demuestra, “no debemos tener ningún temor en revisar nuestro marco constitucional”, enfatizando que la Carta Magna no puede ser un obstáculo para garantizar la seguridad de la ciudadanía, que es el deber prioritario del Estado.

No obstante, advirtió que todo cambio debe realizarse “con responsabilidad y sentido de Estado”, descartando modificar la Constitución ante cada dificultad legislativa circunstancial. El foco, según el parlamentario, es identificar con precisión las normas que limitan innecesariamente la prevención, investigación y sanción.

“Estoy disponible para discutir perfeccionamientos que permitan contar con mejores herramientas contra el crimen organizado, fortalecer las capacidades de las policías y del Ministerio Público y facilitar una respuesta más eficaz frente a delitos particularmente graves. La seguridad de los chilenos exige resultados, y para alcanzarlos debemos estar dispuestos a hacer los cambios legales y, cuando sea necesario, constitucionales que correspondan”, afirmó el senador de la UDI por Coquimbo a El Mostrador.

Su par Javier Macaya también se mostró disponible a una reforma de artículos de la constitución para mejorar leyes de seguridad siempre y cuando sea “en la medida de que se haga acotada”, manifestó.

El presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz Coke valoró el ajuste realizado por el Ejecutivo al borrador de 11 artículos. El legislador señaló que las reformas a la Constitución deben ser lo más acotadas posible, limitándose a habilitar cambios específicos para viabilizar la agenda de seguridad sin abrir un debate constitucional.

Revisa el mensaje presidencial con la propuesta de reforma constitucional en Seguridad en el siguiente link:

Mensaje Ref. Const. que fortalece la Seguridad Pública