El jueves pasado el Consejo Constitucional censuró parcialmente la ley -aprobada en enero por el Parlamento- que prevé la creación de centros para recluir a los delincuentes más peligrosos después de que hayan culminado sus condenas en prisión, siempre que se demuestre que no tienen capacidad de reinserción.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, apeló este sábado a razones de seguridad de los ciudadanos para responder al aluvión de críticas recibidas por querer eludir una decisión del Consejo Constitucional, que ha invalidado parte de una ley para crear centros especiales contra los delincuentes más peligrosos.
El jueves pasado el Consejo Constitucional censuró parcialmente la ley, aprobada en enero por el Parlamento, que prevé la creación de esos centros para recluir a los delincuentes más peligrosos después de que hayan culminado sus condenas en prisión, siempre que se demuestre que no tienen capacidad de reinserción.
En concreto, los expertos constitucionalistas prohibieron la posibilidad de que se aplique con efecto retroactivo a los criminales muy peligrosos condenados antes de la promulgación de la norma.
Esa limitación no ha gustado a Sarkozy, que ayer solicitó al presidente del Tribunal Supremo que le busque una solución para poder aplicar de manera inmediata la «retención de seguridad» a ese tipo de criminales que hayan cumplido su condena.
Hoy mismo, tras participar en un acto público, el presidente francés dijo que su pretensión es «no dejar a monstruos en libertad después de que hayan cumplido su pena».
Es una manera de intentar afrontar las numerosas críticas que ha recibido que desde la magistratura y la política.
Los críticos se apoyan en que el artículo 62 de la Constitución francesa establece que una disposición declarada inconstitucional no puede ser promulgada ni aplicada.
Las principales asociaciones profesionales de magistrados se han alineado contra el proyecto de Sarkozy de que alguna propuesta procedente del Supremo pueda evitar la prohibición de retroactividad dictada por el Consejo Constitucional.
Partidos políticos de izquierda y entidades cívicas como Amnistía Internacional en Francia han secundado esa posición.
El ex presidente del Constitucional y actual senador socialista, Robert Badinter, subraya en una entrevista al vespertino «Le Monde» la «incongruencia» de la actitud de Sarkozy, aunque ha criticado en general el intento del Gobierno de imponer una «justicia de seguridad».
Tal como salió del Parlamento la ley afecta a todos los condenados considerados peligrosos sentenciados a un mínimo de quince años de cárcel por crímenes tanto contra menores como adultos, como asesinatos, violaciones o torturas.
Cuando cumplan su pena los delincuentes podrán ser internados en un centro de seguridad durante un año, renovable indefinidamente, si unos exámenes médicos señalan que no ha superado su tendencia delictiva.
EFE
