La Justicia trasandina acusa a Isabelita en relación con crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina, «Triple A», durante su mandato, en concreto la desaparición de al menos diez personas, y de la detención ilegal y torturas de dos jóvenes.
La Audiencia Nacional española rechazó este lunes extraditar a su país a la ex presidenta argentina María Estela Martínez, conocida como Isabelita Perón, al considerar que los delitos por los que era reclamada no son de lesa humanidad y, por tanto, han prescrito.
La Justicia argentina acusa a Isabelita en relación con crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina, «Triple A», durante su mandato, en concreto la desaparición de al menos diez personas, y de la detención ilegal y torturas de dos jóvenes.
La decisión de rechazar la extradición fue adoptada por la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal español que juzga los delitos de especial relevancia.
La defensa de la ex presidenta argentina alegó el pasado 14 de abril ante el tribunal que la Justicia argentina no puede juzgarla porque es una ciudadana española y porque además su estado de salud es precario.
El fiscal de la causa, Pedro Rovira, se declaró ese día a favor de que la ex presidenta argentina sea juzgada en su país, donde la Justicia ha emitido dos peticiones paralelas de extradición.
Una de ellas responde a una solicitud del juez Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, quien acusa a la ex presidenta de la desaparición del militante político Héctor Fagetti y la detención y torturas del Jorge Valentín Betón en 1976.
La solicitud de Acosta derivó en la detención de «Isabelita» el 12 de enero de 2007 en su domicilio de Villanueva de la Cañada (cerca de Madrid), donde reside desde 1981, por orden del juez Juan del Olmo, quien decretó libertad provisional para la ex presidenta.
Dos semanas después, Del Olmo comunicó a María Estela Martínez la segunda orden de detención librada contra ella en su país, relacionada con su presunta responsabilidad en los crímenes de la «Triple A», que investiga el juez Norberto Oyarbide.
Este magistrado investiga las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina, a la que se le atribuyen 1.500 atentados y asesinatos de opositores y militantes de izquierda entre 1973 y 1975.
EFE
