Según los medios trasandinos la mandataria Cristina Fernández «habló dos veces» con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, «para amortiguar el impacto» de este asunto.
El Gobierno argentino y los sindicatos de Aerolíneas Argentinas pidieron este jueves la intervención judicial de la compañía controlada por el grupo turístico español Marsans, en medio de rumores sobre su nacionalización.
La solicitud, que en principio apunta al pago de salarios atrasados, fue presentada ante el juez comercial de Buenos Aires Jorge Sicoli, quien instruye actuaciones por antiguas reclamaciones de acreedores de la aerolínea de bandera.
Tras recibir las peticiones, el juez convocó para el próximo martes a una audiencia entre representantes de Marsans y del Estado argentino, accionista minoritario de Aerolíneas, en el directorio de la compañía.
El Gobierno había acordado llevar a cabo la presentación judicial en una reunión realizada este miércoles con los sindicatos, que prometieron «garantizar la continuidad de los servicios» de la empresa en los próximos 60 días.
Mientras, los principales diarios de Buenos Aires afirman hoy que detrás del pedido de intervención está la intención del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, cuyo mayor acreedor es el Estado nacional.
También recogen el malestar de empresarios españoles y el diario Clarín, el de mayor tirada del país, sostuvo que Fernández «habló dos veces» con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, «para amortiguar el impacto» de este asunto, «otro problema en la relación bilateral».
Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral cancelaron o suspendieron hoy varios vuelos a causa de «razones climáticas» en referencia a la niebla que afecta a varios aeropuertos, como ha ocurrido en los últimos días para indignación de cientos de pasajeros.
Pero los sindicatos denuncian desde hace meses que ambas aerolíneas tienen paralizada buena parte de su flota por falta de repuestos para su mantenimiento, a lo que se suman deudas y conflictos laborales latentes.
EFE
