El ordenamiento jurídico boliviano castiga con penas de cárcel de 10 a 20 años los delitos de genocidio, que contempla en dos modalidades, una de ellas «masacre sangrienta», que es lo que el fiscal cree que sucedió el pasado 24 de noviembre en Sucre.
El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, acusó este jueves de genocidio al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, y a varios ex jefes policiales por las tres muertes y los centenares de heridos ocurridos en una revuelta en Sucre (sur) en noviembre de 2007.
La Fiscalía presentó a la Corte Suprema de Justicia, con sede en Sucre, el requerimiento acusatorio contra el ministro y sus colaboradores más directos por genocidio en su forma de «masacre sangrienta», según un boletín de esa entidad.
El ordenamiento jurídico boliviano castiga con penas de cárcel de 10 a 20 años los delitos de genocidio, que contempla en dos modalidades, una de ellas «masacre sangrienta», que es lo que el fiscal cree que sucedió el pasado 24 de noviembre en Sucre.
Aquel día, habitantes de Sucre se enfrentaron a la policía en protesta contra la Asamblea Constituyente impulsada por el oficialismo y que había retirado de su agenda la cuestión de la capitalidad y el retorno de los poderes del Estado a esa ciudad.
La protesta se saldó con tres jóvenes muertos y alrededor de 300 heridos, de los que ahora el fiscal responsabiliza a Rada y al ex comandante general de la Policía Miguel Vásquez; al coordinador general de la fuerza, Jorge Espinoza; y al ex comandante de la Policía Departamental de Chuquisaca José Galván.
El ministro, en una rueda de prensa, calificó este jueves la acusación de la Fiscalía como un «accionar claramente politizado y parcializado» que pretende manchar al Gobierno que preside Evo Morales.
Rada afirmó que no es la primera vez que la Fiscalía pretende inculpar a autoridades nacionales y se interrogó sobre la oportunidad de la medida que, según dijo, «casualmente» se produce a pocos días del referendo revocatorio del 10 de agosto y de la visita del presidente Morales a la ciudad de Sucre.
«No quisiéramos creer que esta acción política de la Fiscalía esté buscando caldear el ambiente en Sucre para evitar la visita del presidente», argumentó.
Sobre la acusación, sostuvo que el Ejecutivo ratifica que ni las autoridades gubernamentales ni ningún jefe policial «autorizaron el uso de armamento letal en los sucesos de Sucre», al acusar a los líderes civiles de esa región de ser los impulsores de la violencia.
La Fiscalía boliviana informó que, tras presentar la acusación, corresponde al Congreso del país autorizar el procesamiento penal de los implicados que gozan de privilegios constitucionales por la jerarquía de sus cargos.
El «requerimiento acusatorio» surge de una demanda presentada por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilar, señala el boletín de la Fiscalía.
Desde noviembre de 2007, líderes cívicos y políticos de Sucre se han opuesto en varias ocasiones a la mera presencia de Morales o sus ministros en la ciudad con violentas protestas.
El mandatario tiene previsto celebrar en Sucre el aniversario de Bolivia el próximo 6 de agosto, algo que ya han anunciado que impedirán algunos sectores opositores de la ciudad.
EFE
