«La negativa de Texas a dar más tiempo al gobierno federal ha aumentado las posibilidades de que otros países no reconozcan de manera firme los derechos de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el exterior», según el Post.
The Washington Post afirmó este viernes que las recientes ejecuciones de dos reos latinoamericanos en Texas, pese a las demandas para que se revisaran sus casos, constituyen un «desprecio» a «las obligaciones internacionales» de Estados Unidos.
En un editorial, el diario advierte de las consecuencias que puede tener para los estadounidenses que viajan al extranjero el hecho de que Texas no aplazara las ejecuciones con el fin de revisar las condenas, pues los dos reos no fueron informados de su derecho a la asistencia consular cuando fueron detenidos.
«La negativa de Texas a dar más tiempo al gobierno federal ha aumentado las posibilidades de que otros países no reconozcan de manera firme los derechos de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el exterior», según el Post.
El editorial está dedicado a los casos del mexicano José Ernesto Medellín, condenado por la violación y asesinato de dos muchachas, y ejecutado el martes, y al hondureño Heliberto Chi, condenado por el homicidio de un hombre durante un asalto y ejecutado ayer.
A ninguno de ellos se le informó de su derecho, reconocido en la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares, a tener asistencia de los consulados de sus países, lo que motivó recursos de sus respectivos Gobiernos, ambos denegados.
En el caso de Medellín hubo además una petición expresa de la Corte Internacional de La Haya para aplazar su ejecución y las de otros 50 mexicanos condenados a muerte a los que se les privó de asistencia consular, con el fin de reconsiderar sus casos.
Incluso el presidente estadounidense, George Bush, «ordenó a Texas que cumpliera con esto, pero el Estado se negó citando leyes estatales que impedían la reapertura del asunto», recordó el editorial.
«En marzo el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. se puso de lado de Texas y dictaminó que el veredicto del Tribunal Internacional no era vinculante dentro de EE.UU. y que el presidente se había excedido de sus atribuciones cuando trató de que el Estado cumpliera con lo ordenado».
El Supremo, sin embargo, «reconoció que Estados Unidos había infringido sus obligaciones bajo la Convención de Viena».
«El juez John Paul Stevens, que votó con la mayoría en el Supremo, instó al Estado a que cumpliera voluntariamente o buscara una solución razonable que corrigiera esa infracción», continúa el editorial.
«En cambio Texas fijó la fecha de ejecución de Medellín para esta semana y eso cerró la posibilidad de una solución legislativa o diplomática», añadió.
EFE
