El represor Julián Corres escapó hace dos semanas de una comisaría de la ciudad de Bahía Blanca (800 kilómetros de Buenos Aires), donde permanecía detenido, lo que motivó el cese por negligencia de once oficiales de la Policía Federal.
El Ministerio argentino de Defensa ordenó este jueves separar a un jefe del Ejército por su presunta vinculación con la fuga de un represor de la última dictadura militar (1976-1983) de una dependencia policial.
La titular de la cartera, Nilda Garré, pasó a disponibilidad al Jefe del V Cuerpo de Ejercito, el general Oscar Gómez, quien «debía tener conocimiento de los inadecuados mecanismos de visita y asistencia al ahora, por segunda vez, prófugo de la justicia», indicó un comunicado del ministerio.
El represor Julián Corres escapó hace dos semanas de una comisaría de la ciudad de Bahía Blanca (800 kilómetros de Buenos Aires), donde permanecía detenido, lo que motivó el cese por negligencia de once oficiales de la Policía Federal.
Por el caso, además, fueron detenidos el jefe y subjefe de la delegación de la Policía Federal en la ciudad de Bahía Blanca, Gustavo Ariel Scelsi y Marcelo Alejandro Voros, respectivamente, además del inspector Juan Carlos Lastra, sospechoso de facilitar la fuga de Corres.
En tanto, la justicia argentina pidió a Interpol la captura internacional del represor, apodado «Laucha», a raíz de las sospechas de que el ex militar viajó a un país vecino.
El Gobierno de Argentina también ordenó al Ejército una «exhaustiva investigación» sobre la supuesta participación de miembros de esa fuerza en el hecho y ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien aporte datos que ayuden a encontrar a Corres.
El teniente coronel, acusado de torturar a secuestrados en un centro ilegal de detención durante la dictadura, había sido apresado en abril después de permanecer un año y medio prófugo.
Corres escapó el pasado 26 de julio luego de pedir permiso para ir al baño y el fiscal encargado del caso, Hugo Cañón, denunció la existencia de una «promiscua relación» del militar con los policías encargados de custodiarlo.
Julián Corres, de 55 años y que hasta hace unos años era oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, está acusado de 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios y siete desapariciones de detenidos.
A consecuencia de este hecho, el Gobierno también dispuso que las fuerzas de seguridad no podrán seguir alojando a detenidos por delitos de lesa humanidad.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina en la última dictadura, aunque los organismos defensores de los derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
EFE
