El ministro peruano de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, declaró a los periodistas que la Corte hizo una condena clara y explícita de la banda armada Sendero Luminoso, además de disponer que las indemnizaciones a favor de las víctimas sean entregadas de acuerdo a las leyes peruanas.
El Gobierno de Perú consideró este miércoles que obtuvo un triunfo contra el terrorismo con la revisión de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza de 41 reos amotinados en 1992, durante la administración de Alberto Fujimori.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, declaró a los periodistas que la Corte hizo una condena clara y explícita de la banda armada Sendero Luminoso, además de disponer que las indemnizaciones a favor de las víctimas sean entregadas de acuerdo a las leyes peruanas.
«Esto es lo más sustantivo de los méritos que tiene la causa peruana y podemos decir que el Perú ganó la batalla contra los terroristas en la Corte», afirmó el canciller.
La matanza de 41 reos del penal Miguel Castro Castro de Lima, que se amotinaron al intentar ser trasladados a otra prisión, se produjo en mayo de 1992, un mes después de que el ex presidente Fujimori cerrase el Parlamento e interviniera en el Poder Judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró este miércoles, al difundir la revisión pedida por Perú, la obligación del Estado peruano de indemnizar y reconocer públicamente su responsabilidad en la masacre, a pesar de los antecedentes de terrorismo de los prisioneros.
Asimismo, el tribunal le recomendó al país sudamericano velar por que las indemnizaciones a los deudos no se utilicen en actividades ilícitas, ante el temor del Gobierno peruano de que terminen financiando al terrorismo.
Al respecto, el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner, comentó a los periodistas que «ha quedado claro que el carácter terrorista y violador de los derechos humanos por parte de Sendero no queda en absoluto disminuido por esta sentencia».
Lerner acotó que «más allá de lo que sea Sendero y su ideología, hay personas humanas que estaban a cargo del Estado, que el Estado debió cuidar y en lugar de cuidarlas, las victimó».
Perú rechaza pagar las indemnizaciones en metálico y hacer algún acto de reconocimiento de los abusos, ante lo cual el jurista argentino Juan Méndez, presidente del Centro para la Justicia Transicional, opinó que este tipo de sentencias «no se cumplen automáticamente».
En una presentación en Lima, Méndez dijo que la Corte hace un seguimiento e insiste en el cumplimiento de sus sentencias y al final los Estados cumplen porque no quieren ser acusados de desconocer sus obligaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Méndez presentó este mes ante la justicia peruana un documento de análisis de juristas internacionales sobre la figura de la autoría mediata, atribuida a Fujimori en los casos de violación a los derechos humanos que enfrenta.
La matanza de Castro Castro podría sumarse al juicio por violación a los derechos humanos que actualmente se sigue contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), por otras dos masacres, en caso de que la Corte Suprema de Perú haga el pedido de ampliación de la extradición a Chile, como está previsto.
El presidente de la Sala Penal Nacional de Terrorismo, Pablo Talavera, dijo hoy que el fallo de la Corte Interamericana es un «factor positivo» que reforzará este pedido.
«Si bien la sentencia solo vincula al Perú, las doctrinas o argumentos jurídicos que da la Corte podrían ser tomados como criterios válidos por los demás países», declaró el magistrado a la agencia estatal Andina.
EFE
