«En la hipótesis de que exista cualquier anomalía o extinción del proceso en el caso de Sánchez de Lozada, sabemos quiénes van a ser los responsables», advirtió el defensor del Pueblo refiriéndose a las tres instituciones citadas.
El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, culpó este lunes a la Corte Suprema, la Fiscalía y la Cancillería de una dilación «injustificada» para enjuiciar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que está acusado de genocidio.
Albarracín criticó en rueda de prensa que la actitud dilatoria de estas instituciones estatales pone en riesgo la continuidad del proceso para juzgar a Sánchez de Lozada y sus colaboradores por la muerte de 60 personas en 2003, durante una represión a protestas sociales.
El defensor del Pueblo boliviano dijo que ha comprobado la «vulneración de derechos fundamentales» de los demandantes en este proceso contra el gobernante (2002-2003), que vive en Estados Unidos, al igual que sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.
Albarracín emitió una resolución para recomendar a esas instituciones (la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Exteriores) que tomen medidas para materializar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los demandantes.
La dilación puede afectar la continuidad del proceso porque, si en noviembre próximo no ha comenzado el juicio oral contra las ex autoridades, después de tres años de investigación y trámites previos, los acusados pueden pedir «la extinción» de la causa.
«En la hipótesis de que exista cualquier anomalía o extinción del proceso en el caso de Sánchez de Lozada, sabemos quiénes van a ser los responsables», advirtió el defensor del Pueblo refiriéndose a las tres instituciones citadas.
Si bien Sánchez de Lozada fue declarado jurídicamente «rebelde» ante la ley y no puede pedir la extinción del proceso, sus colaboradores de entonces sí pueden hacerlo perjudicando todo el proceso, explicó, de su parte, el abogado demandante, Rogelio Mayta.
Además Albarracín calificó como «un extremo» el que hasta ahora la Cancillería no haya concretado el envío a Washington del pedido de extradición para Sánchez de Lozada con el argumento de que aún se están traduciendo los documentos al inglés.
La demora que el Defensor boliviano atribuye a la Justicia y Gobierno bolivianos se produce a pesar de que el presidente Evo Morales considera la extradición de Sánchez de Lozada como uno de las asuntos más importantes de su relación con Estados Unidos.
Albarracín también criticó que el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, haya firmado recientemente una resolución donde, de nuevo, se pide notificar personalmente a Sánchez de Lozada sobre el proceso en su contra, lo que ha sido imposible en ocasiones anteriores.
La Corte Suprema analizará el martes una petición de los demandantes (los familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003) para que se anule el requerimiento de una notificación personal a Sánchez de Lozada porque dilatará aún más el proceso.
Varias organizaciones de derechos humanos se movilizarán mañana en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Sucre para pedir a la Corte Suprema que revise su posición sobre ese tema.
EFE
