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Corte Suprema boliviana descarta trasladar a Sucre a ex prefecto de Pando

El Gobierno de Evo Morales había adelantado que no iba a permitir el traslado a Sucre de Fernández, porque está «confinado» debido a que violó el estado de sitio decretado en Pando.


La Corte Suprema de Justicia de Bolivia (CSJ) descartó este martes «insistir» en trasladar a su sede de Sucre al ex prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz, después de los choques entre opositores y oficialistas del 11 de septiembre.



El magistrado de la CSJ Jose Luis Baptista dijo a los medios que el ex prefecto no podrá ser trasladado mientras permanezca en su condición de «confinado» por haber desobedecido el estado de sitio decretado en su región, tras la ola de violencia en la que murieron al menos 17 personas.



Baptista, que en un auto supremo había ordenado la semana pasada que Fernández fuera llevado a Sucre para ser sometido a un proceso especial en la Corte Suprema por ser ex autoridad, aseguró que esa resolución «se ha cumplido» en la medida en que se inhibió del caso el juez de instrucción de La Paz que pretendía conocer su causa.



El Gobierno de Evo Morales había adelantado que no iba a permitir el traslado a Sucre de Fernández, porque está «confinado» debido a que violó el estado de sitio decretado en Pando.



Fernández está recluido en el penal de San Pedro, situado en el centro de la ciudad de La Paz.



La situación judicial del ex prefecto continúa siendo confusa ya que está «confinado» por el Gobierno por violar el estado de sitio, encarcelado por un juez como medida cautelar por delitos de homicidio y terrorismo, y acusado de «genocidio» por la Fiscalía General que, sin embargo, no ha ordenado su arresto.



Para Baptista, hay que «aclarar» por qué está el ex prefecto en la cárcel, ya que está confinado y, además, el juez que dispuso su reclusión fue recusado.



El magistrado de la CSJ señaló, además, que la «pretensión» de llevar a Fernández a Sucre ya «no es posible», porque es el Fiscal General quien tiene que «decir cuál es el momento oportuno» solicitando formalmente su imputación en el proceso de genocidio que le abrió la semana pasada.



EFE

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