Las negociaciones sobre el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares ganaron nueva fuerza en el Congreso de EE.UU., inmerso en una carrera contrarreloj para lograr un acuerdo antes de que abran las bolsas el lunes. El Gobierno ha accedido a poner límite a los salarios de los ejecutivos de las empresas que se beneficien del programa, a que se cree un mecanismo de supervisión y a que los contribuyentes obtengan derechos para la compra de acciones.
«Nuestro objetivo es anunciar un acuerdo este domingo y votar el lunes», dijo a la prensa Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado.
Las mismas señales llegaron de Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta.
«Esperamos que en algún momento, mañana por la tarde, podamos anunciar que ha habido algún tipo de principio de acuerdo, de forma que la única cosa que falte será poner el proyecto de ley por escrito», explicó Reid.
No hubo, sin embargo, declaraciones de los republicanos de la Cámara de Representantes, los más reacios a que se apruebe un paquete de rescate que pretende poner fin a la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión de la década de 1930 mediante una intervención extraordinaria en los mercados.
Ese grupo de legisladores se alzó en armas en una accidentada reunión con el presidente George W. Bush el jueves en la Casa Blanca, en la que hubo hasta gritos, según algunos de sus participantes.
Partidarios a ultranza del libre mercado, esos republicanos del ala derecha del partido se oponen a la intervención pública, pese a que los propios mercados desean que el Gobierno meta mano y limpie los balances de los bancos con una inyección de capital.
Desde el fiasco del jueves, las voces se han calmado y los republicanos de la Cámara Baja se han sentado a negociar con sus colegas.
Reid dijo que ha habido progresos «significativos» en las conversaciones y en el mismo tono se expresó Bush en su alocución radial semanal.
El presidente aseveró que existe «un acuerdo general» sobre los principios del plan de rescate financiero y dijo que espera que sea aprobado «muy pronto».
Al mismo tiempo, reconoció que muchos votantes tienen dudas sobre el programa, dado que comprometerá un volumen de recursos públicos sin parangón.
«Sé que muchos de ustedes están frustrados con la situación», dijo Bush a los oyentes.
«Cuando el Gobierno les pide que paguen por los errores de Wall Street, no parece justo», admitió.
No obstante, enfatizó que, si la Administración no hace nada para parar la hemorragia en los mercados financieros, el país podría sufrir una recesión «profunda y dolorosa» porque los bancos cerrarían el grifo del crédito para las empresas y los ciudadanos.
«Toda nuestra economía está en peligro», advirtió Bush.
El mismo mensaje lúgubre trasmitieron esta semana el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, por lo que si el programa de rescate se le atraganta al Congreso los mercados no tendrán otra opción que esperar lo peor.
De ahí el énfasis en tener un acuerdo para antes de que abran las bolsas el lunes.
Los legisladores son plenamente conscientes de ello, según Judd Gregg, quien negocia en nombre de los republicanos del Senado.
«Todos entendemos que, si no hacemos nada, las consecuencias serían catastróficas», dijo Gregg.
El jueves por la noche tuvieron un atisbo de ello con el hundimiento de Washington Mutual, la mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos.
El Gobierno intervino la institución y se la vendió a JP Morgan Chase.
Pero los republicanos de la Cámara Baja insisten en buscar una solución al problema que minimice la actuación pública.
Han propuesto que el Gobierno coordine un fondo con dinero privado que ofrezca garantías de pago de los títulos de mala calidad, en lugar de comprarlos.
Los demócratas se han mostrado dispuestos a incorporar esa idea al plan final, aunque sólo como una de las opciones a disposición del Tesoro.
En cambio, se han negado a aceptar una rebaja de las plusvalías financieras, otra de las propuestas de ese grupo de republicanos.
Mientras, ha habido un gran acercamiento entre los demócratas y la administración.
El Gobierno ha accedido a poner límite a los salarios de los ejecutivos de las empresas que se beneficien del programa, a que se cree un mecanismo de supervisión y a que los contribuyentes obtengan derechos para la compra de acciones.
EFE
