El verdadero cuadro de riesgo tiene que ver con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, la insurgencia armada y la forma que adoptan en países como Colombia, Perú y México. Allí, las malas decisiones de gobierno han creado condiciones para que los tres temas se imbriquen, dando origen a situaciones de emergencia política y a la percepción de que son necesarias acciones más intensas, posiblemente militares.
Hace una semana, con motivo de la visita del presidente Nicolás Sarkozy a Brasil se firmó un importante acuerdo de cooperación militar entre Francia y el gigante sudamericano que, entre otras cosas, implica la compra de 36 aviones caza franceses para la aviación brasileña.
Pocos días antes, en la ciudad de Bariloche se habían reunido los miembros de UNASUR, a la cual también pertenece Brasil, a objeto de analizar los contenidos y alcances para América del Sur del acuerdo sobre bases militares entre Colombia y Estados Unidos.
Ambos hechos no pertenecen a una misma agenda. El primero se relaciona con el interés brasileño de alcanzar un cupo de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tema de estrategia militar global, en la que intervienen solo las potencias. El segundo, pertenece a los incidentes de la comarca. Aquellos de carácter netamente regional, que no obstante su importancia en la vida cotidiana están sujetos a la lógica del subdesarrollo. Donde se encuentra de todo, desde la obsecuencia absoluta hasta la desconfianza doctrinaria más extrema, y mucha omisión flagrante de la realidad.
Chile debe decidir cual de las dos guía su juego. Sobre todo después de haber hecho afirmaciones reiteradas sobre su vocación de paz, multilateralismo e inserción internacional activa como doctrina de su despliegue diplomático en el mundo.
Un análisis simple indica que el foco para Chile está en la segunda agenda. No solo por su tamaño, sino también porque afecta también el entorno vecinal, el libre comercio y la calidad de vida en el barrio. En la primera solo puede aspirar a ser acompañante cercano y brindar apoyo diplomático. Cualquier otra cosa no parece sensato.
Brasil es el país número 12 de mayor gasto militar en el mundo, con 20.7 mil millones de dólares el año 2007, lo que incluye hasta submarinos nucleares. Ello, además de ser una cifra record para ese país, dobla el gasto de todo el resto de Sudamérica.
La otra agenda de seguridad y el problema colombiano
No sólo Brasil ha aumentado su gasto militar. Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), Sudamérica lo ha aumentado hasta en un 50%, en la última década.
Venezuela, Colombia, Chile y Perú suman cifras importantes, y se habla en la región de una carrera armamentista en esos dos ejes. Ello aparece desproporcionado e inútil para el tipo de amenazas que deben enfrentar realmente los países. Según la misma fuente, el gasto se da sin perspectivas reales de un conflicto armado serio, y con decisiones influenciadas por la desconfianza, los prejuicios históricos y las controversias ideológicas.
El verdadero cuadro de riesgo tiene que ver con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, la insurgencia armada y la forma que adoptan en países como Colombia, Perú y México. Allí, las malas decisiones de gobierno han creado condiciones para que los tres temas se imbriquen, dando origen a situaciones de emergencia política y a la percepción de que son necesarias acciones más intensas, posiblemente militares.
Con motivo del acuerdo sobre bases militares en Colombia, a mediados de agosto, el general James Cartwright, vicejefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense declaró que «La intención estratégica es (…) ser capaces de proveer a los colombianos de lo que necesitan para continuar con sus esfuerzos contra las amenazas internas que tienen».
Sin perjuicio que se reconoce que es un hecho de política interna, es evidente que ellas servirán de apostaderos a los aviones estadounidenses que realizan patrullaje en la zona para interceptar aviones y barcos sospechosos de transportar drogas en un radio mucho más amplio, lo que debiera ser reconocido y aceptado en un protocolo transparente y público.
Pero no existe información sobre los contenidos reales, lo que genera desconfianza entre los países. Tal hecho no está enfocado al principal problema que genera el uso de las bases, y que pudieran llevar información estratégica a un nuevo actor de la seguridad: los ejércitos privados que han empezado a operar bajo la forma de contratistas de la defensa en toda la región.
Es un hecho conocido que desde los primeros años del Plan Colombia, el Congreso norteamericano fijó un tope de 800 militares y 600 civiles que pueden estar desplegados en el país. Y que desde la primera Guerra del Golfo, una parte sustantiva de ciertos servicios militares norteamericanos – en el caso de la guerra de Irak ha sido masivo- son subcontratadas a una floreciente cadena de empresas de seguridad.
Por lo tanto, el reproche del presidente Hugo Chávez en la reunión de Bariloche de UNASUR no carece de fundamento en cuanto a que la política de Colombia favorezca operaciones de movilidad militar del Comando Sur de las fuerzas de aire de Estados Unidos. Pero el problema real es que tales operaciones de movilidad, con todo el diseño logístico que implican, vayan a dar a las bases de datos de los ejércitos privados, como resultado de cláusulas desconocidas de los protocolos firmados por Colombia, y sin ninguna responsabilidad sobre su uso posterior.
Según la prensa colombiana al menos 12 empresas contratistas de seguridad extranjeras actúan ya en el país bajo el Plan Colombia, realizando incluso tareas operativas militares. El listado incluye a DynCorp, Virginia Electronic Systems Inc., Oakley Networks, Telford Aviation, Chenega Federal Systems, Military Professional Resources Incorporated, Northrop Grumman, California Microwave Systems Inc., Eagle, Aviation , Services and Technology.
Una de ellas, Dyn Corp International, llegó a Colombia para realizar fumigaciones aéreas y entrenar batallones contrainsurgentes, y se encuentra en el centro de los debates entre este país y Ecuador por el daño ambiental y humano que este reclama por el uso de herbicidas a base de glifosato y el hongo fusarium oxysporum, que es ilegal bajo las normas de la Convención de Prohibición de Armas Biológicas.
El conflicto colombiano, en todas sus dimensiones ha desatado un efecto globo en la región sudamericana, con una serie de fenómenos nuevos que maduran cambiando las condiciones de seguridad incluso más allá de sus fronteras y afectando especialmente a Ecuador y Perú.
El escenario peruano
La evaluación de la ejecución del Plan Colombia no es positiva. Los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%. En Colombia se expandió la superficie cultivada y mejoraron los rendimientos. Según datos de Naciones Unidas del año 2008, en los últimos ocho años la producción de droga se incrementó en 27% y en Perú y Bolivia ha vuelto a aumentar luego de una breve fase de disminución.
El tema es de inteligencia y capacidad policial en primer lugar, pues todo indica que la acción del Estado carece de la información necesaria orientar el diseño y calidad de sus dispositivos policiales, e incluso militares, para luego actuar.
Según datos de la Dirección Antidrogas de la Policía del Perú en el país estarían operando cinco carteles mexicanos, los de «…Tijuana, Guadalajara, Sinaloa, Guanajuato y Juárez». Sus acciones estarían concentradas en el control de las rutas marítimas hacia México y Estados Unidos por el Pacífico, y en generar un modelo adecuado de protección institucional en el país.
A igual conclusión llega el grupo de inteligencia estratégica estadounidense STRATFOR, una ONG texana-israelí que se dedica al análisis prospectivo, la que sindica especialmente al cartel de Sinaloa y advierte sobre el cambio de los centros de operaciones narco hacia Perú, Colombia y Centroamérica.
Según STRATFOR, el cartel de Sinaloa también se extiende hacia Paraguay y Argentina, para atender la expansión del mercado de consumidores latinoamericanos y europeos, lo que explicaría la evolución al alza del mercado de la droga proveniente de Bolivia y Paraguay en Chile.
Las mafias mexicanas operan en Perú desde el año 2000, fecha en que lograron entrar tras la caída de los carteles colombianos el año 1995. Pese a que su presencia ha intensificado las formas de violencia asociadas a ajustes de cuentas, enfrentamientos entre bandas y con la policía, lograron pacificar el Alto Huallaga, zona de enfrentamiento militar entre el Estado y Sendero Luminoso en los años 80, generando un punto de abastecimiento seguro para en norte del hemisferio.
El rebrote de un rezago institucional de Sendero Luminoso, el grupo Proseguir, y sus acciones armadas recientes en el Departamento de Huánuco, indica que el modelo FARC de financiamiento guerrillero mediante el narcotráfico se ha extendido. Esta vez hacia una zona que tiene mayores complejidades étnicas y culturales que Colombia, pero limitada en su crecimiento criminal si es controlada adecuadamente usando precisamente esos mismos atributos culturales y étnicos.
Pero son las propias autoridades las que señalan el peligro institucional para el Estado Peruano. Gustavo Carrión, ex jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró hace un tiempo que desde el año 2004 había datos muy precisos de la incursión de los carteles mexicanos. «Hoy, señaló, estas bandas ya están afincadas, operan con sicarios y con empleados infiltrados hasta en instituciones oficiales (…) Hay que tener en cuenta que de la misma manera empezó en México», acotó Carrión, quien teme que Perú se convierta en un narco Estado.
¿Qué seguridad?
La cantidad de fenómenos y cambios que se están produciendo en el escenario de seguridad regional obligan a una reflexión profunda. Ellos están asociados tanto a modelos privatizadores de servicios militares y de seguridad, con una industria que supera los 300 mil millones de dólares anuales en el mundo (en lo que se puede conocer y calcular), como a una fenomenología bastante variada y difusa.
Milicias en las zonas tugurizadas de las ciudades (especialmente Río de Janeiro), militarización del narcotráfico por la fusión y los acuerdos entre bandas e insurgentes, profundización de fenómenos de reivindicación étnica, desarrollo vertical del crimen organizado (estructura transversal y vertical de redes ilícitas) y redefinición de los espacios geográficos y las funciones de seguridad, son temas fuertes para el Estado.
Por lo mismo sería conveniente que los gobiernos le entregaran a sus ciudadanos una explicación un poco más transparente acerca de sus gastos en seguridad. Especialmente en aquellos que modelan tanto las instituciones que se requieren, como el tipo y calidad de los sistemas de armamentos y dotación de recursos humanos de esas instituciones.
Es posible que en estas dimensiones se requieran cuerpos de elite con disciplina militar y armamento sofisticado. Pero no es claro que la institución que deba atender estos temas sean las Fuerzas Armadas, que son sin embargo las que más gastan hoy en seguridad, de manera poco transparente y en medio de escándalos.
Si las cifras que entrega el SIPRI de Estocolmo son exactas, América del Sur gastó cerca de cincuenta mil millones de dólares el año 2007, que muy bien le habrían hecho a la seguridad real de la gente y no a los comerciantes de sofisticados sistemas para guerras que nunca van a ocurrir.
