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Gobierno pone foco en gestión de Boric: auditoría reporta $1,4 billones sin rendición acreditada
El informe sostiene que, entre 2022 y 2026, más de $1,4 billones transferidos a fundaciones no acreditan su rendición y dio paso a investigaciones en las carteras de Deporte, Agricultura, Energía y Salud. El PDG anunció que solicitará a Contraloría revisar alcance y a metodología de la auditoría.
La auditoría impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast sobre la administración anterior abrió un nuevo flanco en el manejo de los recursos públicos. El tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal concluyó que, entre 2022 y 2026, más de $1,4 billones transferidos a fundaciones no cuentan con rendición acreditada, cifra que se desprende de un universo superior a $5,4 billones entregados a estas entidades y que debían ser objeto de rendición.
Los antecedentes fueron dados a conocer este miércoles, en la cuarta sesión del comité, encabezada por la subsecretaria de la Segpres y presidenta de la instancia, Constanza Castillo, quien sostuvo que la falta de acreditación de esos recursos constituye uno de los hallazgos más delicados de la revisión. “Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, afirmó.
Castillo agregó que ahora corresponde revisar cada caso para determinar si hubo ausencia de presentación de rendiciones, rechazos, incumplimientos de convenios, fallas de los servicios que realizaron las transferencias o situaciones que deban ser derivadas a otros organismos competentes.
La auditoría identificó además que los organismos con la mayor proporción de recursos sin rendición acreditada son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura.
#InspecciónTotal sigue avanzando. En el tercer reporte del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal: nuevas alertas transversales del período 2022-2026, con $7,1 billones en compras adjudicadas sin licitación pública entre sus principales hallazgos. Desliza para ver los números… pic.twitter.com/DxMoo74Qr2
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 1, 2026
Otro de los focos del informe apunta a las fundaciones creadas durante el período auditado. Según el comité, entre 2022 y 2026 surgieron 177 nuevas fundaciones que recibieron más de $11 mil millones en recursos públicos sujetos a rendición. Sin embargo, más de $6.500 millones, equivalentes a cerca del 60% de esos fondos, no cuentan con rendición acreditada. El informe añade un dato aún más crítico: 79 de esas organizaciones no registran ninguna rendición pese a haber recibido financiamiento estatal.
Junto con revelar estas cifras, el comité resolvió abrir investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Agricultura, Energía y Salud, tras detectar antecedentes que, a juicio de la instancia, requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.
En el caso de Deporte, la indagatoria se concentrará en el Instituto Nacional de Deportes y la administración, transferencia y rendición de recursos. En Energía, la revisión abarcará a la Agencia de Sostenibilidad Energética e incluirá transferencias, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos. En Agricultura se investigarán las transferencias a organismos ejecutores, las rendiciones y la regularidad de compras y contrataciones, mientras que en Salud el análisis se enfocará en compras y contrataciones de las subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, sostuvo Castillo.
El informe también incluye observaciones sobre otros ámbitos del gasto estatal. Según el Gobierno, la revisión detectó $7,1 billones en compras adjudicadas sin licitación pública durante el período 2022-2026, uno de los principales hallazgos consignados en el tercer reporte del comité.
Reacciones apuntan a fortalecer la fiscalización
Las conclusiones generaron reacciones desde distintos sectores. El presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, calificó como “inaceptable” la existencia de $1,4 billones sin una rendición adecuada y sostuvo que los antecedentes deben investigarse “con todo el rigor”. No obstante, advirtió que el problema radica en la falta de control estatal y no en el modelo de colaboración con las fundaciones, destacando que millones de personas reciben apoyo de organizaciones de la sociedad civil y que el desafío es fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas.
En el Congreso, la bancada del Partido de la Gente anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que revise la metodología utilizada en la auditoría, determine el alcance de las observaciones y establezca si existen eventuales responsabilidades administrativas u otras derivadas de los antecedentes detectados.
Los diputados del PDG afirmaron que las cifras revelan una debilidad estructural en los mecanismos de control del gasto público y plantearon que las transferencias estatales deben estar sometidas a fiscalización permanente, trazabilidad digital y rendiciones oportunas. “Cada peso que sale del bolsillo de los chilenos debe poder ser trazado hasta su destino final”, señalaron, insistiendo en una política de “tolerancia cero” frente al uso indebido de recursos fiscales.
En el marco de la Inspección Total al Estado, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal finaliza su cuarta sesión de trabajo. https://t.co/79FhGjg4sZ
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