Los tres procesos fueron iniciados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque el gobierno de La Paz renunció a esa entidad en mayo de 2007 y no reconoce su jurisdicción. Se trata de pleitos por nacionalización, excepto el caso de la firma chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni fueron anuladas en 2004 por el ex presidente Carlos Meza.
El gobierno de Evo Morales convocó a consorcios jurídicos extranjeros interesados en defender al país en los arbitrajes interpuestos por las firmas Telecom Italia, Quiborax de Chile y por el consorcio peruano alemán Oil Tanking – Graña Montero S.A.
La primera convocatoria es para enfrentar el proceso interpuesto por Telecom Italia, por 350 millones de dólares, por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) en mayo de 2008 sin previo acuerdo sobre indemnizaciones.
El segundo pleito es con la empresa chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni, al suroeste del país, fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005).
El tercer juicio del que debe defenderse el Estado boliviano es el interpuesto por el consorcio peruano alemán Oil Tanking GMBH – Graña Montero SA, por la nacionalización de sus acciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), intervenida por el Gobierno en 2008 al no haber llegado a un acuerdo de compra.
El Gobierno de Morales, que aguardará las propuestas hasta el 3 de marzo próximo, ha ofrecido pagar un monto máximo de 450.000 dólares anuales, financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, a cada consorcio que se haga cargo de estos casos.
Los tres procesos fueron iniciados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si bien el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, renunció a esa entidad en mayo de 2007 y no reconoce su jurisdicción.
En el caso de Telecom, el Gobierno de Morales reveló el mes pasado que la ex ministra de Defensa Legal del Estado Cecilia Rocabado accedió en octubre de 2009 a un nuevo procedimiento de arbitraje diferente al que se había iniciado ante el CIADI.
Según las autoridades bolivianas, con esta acción, Rocabado decidió «la renuncia» del Estado boliviano al derecho de objetar la jurisdicción del nuevo tribunal, por lo que el Ejecutivo denunció ante la Fiscalía a la ex ministra por un supuesto uso de influencias a favor de la italiana Telecom.
Sin embargo, el Gobierno de Morales ahora busca abogados para defenderse en este proceso.
