Varios empleados de una organización sin fines de lucro procesaron más de 5.000 peticiones de ayuda de personas que no fueron perseguidas por ser judías durante la II Guerra Mundial y a cambio se quedaban con parte del dinero.
Nueve personas más fueron implicadas con el caso del robo de más de 57 millones de dólares en ayudas a las víctimas del Holocausto desarticulada el año pasado en Estados Unidos, anunció este jueves la Fiscalía de Nueva York.
Ocho de los nuevos sospechosos fueron detenidos y se espera que el noveno se entregue el jueves para ser acusados de haber procesado miles de documentos fraudulentos para recibir fondos destinados a los supervivientes del exterminio nazi.
La mayoría eran trabajadores de la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania, una ONG con sede en Nueva York que administra diferentes fundaciones que ofrecen compensaciones a las víctimas del Holocausto, entre ellas algunas financiadas por el Gobierno de Alemania.
Varios empleados de la organización sin fines de lucro procesaron más de 5.000 peticiones de ayuda de personas que no fueron perseguidas por ser judías durante la II Guerra Mundial y a cambio se quedaban con parte del dinero.
«No nos detendremos hasta que sean llevados ante la justicia aquellos que robaron 57 millones de dólares en ayudas para los supervivientes del Holocausto», señaló en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara.
En diciembre de 2009, la propia ONG detectó irregularidades en los procesos de concesión de esos fondos, por lo que se puso en contacto con las autoridades, que finalmente destaparon este fraude por el que se han presentado cargos contra 30 personas, 9 de las cuales admitieron su culpabilidad.
Los acusados, que se hacían pasar por víctimas del Holocausto, alteraron sus certificados de nacimiento y pasaportes, nacieron en su mayoría después de la II Guerra Mundial y uno de ellos no es judío.
De ser encontrados culpables del delito de fraude, cada uno de los sospechosos se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.
