Se calcula que en esas dos décadas desaparecieron en Brasil cerca de 200 personas por motivos políticos, mientras que miles de activistas fueron arrestados y torturados.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó este viernes la creación de una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, que pretende fortalecer la democracia dejando de lado los revanchismos.
«Brasil se encuentra consigo mismo sin revanchismos. (…) No es un proceso de venganza, sino de construcción de la verdad y de la memoria, para tener un país más justo, más igual y principalmente más democrático», afirmó Rousseff en la ceremonia que instituyó la llamada Comisión de la Verdad.
Ese grupo estará formado por siete personas designadas por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para investigar los crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, período que engloba dos dictaduras militares.
La comisión no podrá determinar responsabilidades penales porque el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó el año pasado la amnistía que en 1979 amparó a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el último régimen militar, la época más cruenta de la historia reciente de Brasil, que se extendió entre 1964 y 1985.
Se calcula que en esas dos décadas desaparecieron cerca de 200 personas por motivos políticos, mientras que miles de activistas fueron arrestados y torturados.
Las investigaciones retrocederán hasta una época en la que los militares acababan de tomar el poder después de dar un golpe de Estado, a finales de 1945, contra el presidente Getulio Vargas, quien regía Brasil con una dictadura de corte populista.
Ese periodo duró hasta 1951 y fue menos violento que la última dictadura, que imperó entre 1964 y 1985.
Sin embargo, la comisión abarca hasta 1988, año en que fue aprobada la nueva Constitución brasileña.
Rousseff manifestó que el conocimiento de la verdad será fundamental para que no se repitan las torturas, asesinatos y detenciones políticas «que mancharon la historia de Brasil».
«La verdad interesa mucho a las nuevas generaciones. Los jóvenes que hoy tienen derecho a la libertad tienen que saber que muchos lucharon y murieron por esa libertad preciosa», dijo Rousseff, quien en los años 70 fue torturada en los calabozos de la policía política por su militancia en grupos de izquierdas.
La jefa de Estado sostuvo que el silencio y el olvido «son siempre una gran amenaza» a la democracia y argumentó que, hasta ahora, solo se dispone de información ofrecida en «un régimen de arbitrio, censura y represión».
En el mismo acto, Rousseff sancionó una ley que regula el acceso a todos los documentos públicos y que solo mantendrá en secreto aquellas informaciones de carácter personal o las que atañen a la seguridad del Estado.
Esta ley impide que se mantenga en secreto cualquier información o documento que atente contra los derechos humanos, lo que fue calificado por la mandataria como «una nueva conquista» y una prueba de su compromiso con la transparencia.
Los documentos ultrasecretos podrán ser mantenidos en sigilo durante 25 años, con la posibilidad de una prórroga por el mismo período, mientras que los secretos tendrán una veda de 15 años y los reservados, 5.
«La ley de acceso a la información y la Comisión de la Verdad quedarán para siempre en la historia y colocan a nuestro país en un nivel superior, de subordinación del Estado a los derechos humanos», agregó Rousseff.
