El bypass digital: cómo el Estado usó el campo para conectar las ciudades

Un día llegó un vecino con un rumor que generó expectación: va a llegar internet al campo. A los pocos días vimos a una empresa instalando postes, a una velocidad que en el campo no se ve nunca. En una jornada tenían postado todo nuestro camino, desde nuestra entrada hasta Vilcún. Dos días después vino otra empresa a tender un cable negro sobre esos postes. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero la conclusión era evidente para todos: llegó el internet, ahora los cabros van a poder estudiar desde la casa. Han pasado los años. El cable sigue ahí, inerte, y ni un solo mega ha aterrizado en un hogar campesino.

Conviene revisar, entonces, cómo se nos vendió el asunto. Cuando se presentaron las ofertas para construir el tendido de la Macrozona Sur, las autoridades de Telecomunicaciones justificaron la inversión apelando exactamente a los estudiantes campesinos: el FON, dijeron, es “fundamental para brindar acceso a quienes viven en zonas rurales, permitiéndoles acceder a servicios esenciales y a los niños a plataformas educativas”.

Al terminar las obras, el CEO de WOM remató la faena asegurando que las zonas históricamente postergadas podrían por fin acceder a telemedicina, educación a distancia y e-commerce. Todo esto para un proyecto que, por contrato, solo obligaba a conectar capitales comunales.

Ahí está la farsa completa. Se usó la imagen del niño rural desconectado, se invocó a la abuela que necesita telemedicina, se enarboló la bandera de la igualdad de oportunidades y con ese dolor prestado se aprobaron presupuestos por más de $86.000 millones de pesos para construir una carretera de alta velocidad que fortalece el negocio de las telecomunicaciones en las ciudades. Al campesino le quedó el paisaje y un cable negro colgado de un poste para mirarlo desde la ventana.

La pregunta es simple: ¿Cómo accede a la telemedicina un habitante rural que tiene la fibra a 20 metros de su techo y ninguna forma de bajarla a su casa?

Y no es un episodio aislado: es un método. A fines de 2023, el Consejo Regional de La Araucanía aprobó por unanimidad $14.500 millones de pesos del FNDR para el programa “Última milla”, destinado a llevar señal a 65 localidades rurales. El mecanismo merece atención, porque explica el resultado: el Gobierno Regional no compra conexiones para las familias, sino que le transfiere la plata a Subtel para que licite, y son las empresas —Entel, Claro, Movistar— las que postulan a ese subsidio para financiar la infraestructura que después administran como negocio propio.

Catorce mil quinientos millones de pesos públicos, en definitiva, para robustecer la conexión ya existente en los núcleos urbanos. En nuestro sector, mientras tanto, sigue pasando un cable que no conecta a nadie, y además el sector sigue sin señal de celular. La cifra de “65 localidades” quedó preciosa en la nota de prensa.

El problema de fondo, sin embargo, no es técnico. Es político, y tiene que ver con una palabra que atraviesa toda la política pública rural en Chile: beneficiario. El campesino no es cliente, no es contribuyente, no es ciudadano con derechos exigibles. Es alguien que recibe, alguien a quien se le da. Y el que da, decide. Esa asimetría lo explica casi todo: explica por qué un programa se diseña en Santiago sin consultar a nadie, y explica por qué la conectividad se entrega en una sede social y no en la casa, porque a un beneficiario se le entrega lo que alcanza, mientras que a un ciudadano se le garantiza lo que le corresponde.

Nadie en Providencia es beneficiario de internet: es cliente, y si el servicio falla reclama, cambia de compañía, exige. El campesino, en cambio, agradece, porque el beneficiario que reclama es un desagradecido. Ahí está la trampa: el lenguaje de la caridad desactiva el lenguaje del derecho.

El proyecto “Comunidades Conectadas” —tres millones de dólares del Fondo Conjunto para los ODS de Naciones Unidas, liderado por la FAO— es la prueba material de esa lógica, y esta vez la operación ni siquiera es de un privado: es de la cooperación internacional. Cerca de tres mil millones de pesos para instalar cincuenta puntos de conectividad satelital entre Ñuble y La Araucanía, en sedes sociales, escuelas y postas. El propio proyecto declara la cifra de impacto: 8.500 personas con acceso directo a internet. Y la indignidad es de manual, porque significa que un niño debe caminar kilómetros en el barro, en pleno invierno, para sentarse afuera de una sede cerrada —el dirigente tiene la llave— a intentar agarrar señal y descargar una guía.

Hagamos la aritmética con precios reales de hoy. Un kit Starlink mini —la misma tecnología que instala el proyecto— cuesta en el mercado chileno entre $150.000 y $200.000 pesos. Tomemos el escenario conservador: $150.000. Esos mismos tres mil millones, gastados en hardware y no en burocracia, seminarios y consultorías, alcanzaban para 20.000 antenas entregadas directamente a hogares campesinos. A tres o cuatro personas por hogar, eso significa conexión en la intimidad de la casa y en el corazón de la unidad productiva para entre 60.000 y 80.000 habitantes rurales, cerca de un cuarto de toda la población rural de la región, sin tender un solo metro de cable por los caminos vecinales. Frente a eso, las 8.500 personas de los cincuenta puntos comunitarios no son un logro: son la medida exacta de lo que se dejó de hacer.

Se eligieron las sedes, en cambio, porque ahí sí hay cinta que cortar, y porque con 50 antenas en 50 techos públicos la autoridad puede darse por satisfecha y declarar que el campo ya está conectado. El trabajo en la ruralidad, dirán, ya está hecho.

Hace dos años Chile fue sede del Foro Latinoamericano de Jóvenes Rurales, y aquello lo dejó todo a la vista. Quienes integrábamos entonces la Mesa Nacional de Jóvenes Rurales no fuimos invitados formalmente: tuvimos que patalear para conseguir un lugar. Y una vez adentro entendimos por qué.

Toda la programática giraba en torno al IoT, la conectividad, los sensores o el blockchain, con invitados de honor desde España y el gremio de jóvenes tech de la Sociedad Nacional de Agricultura ocupando el centro de la escena. No estaban los jóvenes de Indap. No estaban los jóvenes de La Araucanía, que somos cerca del 40 por ciento de la juventud rural del país, hablando de nuestros desafíos.

Al continente se le mostró un Chile moderno, de agricultura de exportación supercompetitiva. No se le mostraron los azadones con los que trabajamos la horticultura acá, porque la pequeña agricultura familiar incomoda la proyección que Chile quiere exhibir en el exterior. El mismo país que organiza un foro sobre sensores para el campo mantiene a ese campo tan beneficiado por políticas miserables que ni siquiera puede mecanizarse.

Permítanme bajarlo a lo concreto, porque llevo años trabajando en ello. En la planta de compostaje que opera nuestra empresa asociativa, Cooperativa Fértil, operamos con sensores IoT que miden la temperatura de las pilas. Esos datos se suben a la nube, se procesan y permiten certificar que el proceso es correcto, la trazabilidad y, eventualmente, a futuro, se podrá potenciar otras cosas con esos datos. Es agricultura del siglo XXI operando en La Araucanía, y nada de eso funciona sin conexión.

Ahí está el punto que los diseñadores de política pública no logran ver: la conectividad rural no es un tema de bienestar, es un tema de competitividad. Un productor sin señal es un productor que no puede certificar sus procesos, no puede trazar lo que produce ni acceder a los mercados que hoy exigen datos verificables. Queda fuera de la economía formal del futuro no por falta de capacidad, sino por falta de infraestructura básica. Mientras discutimos si el campesino “necesita” internet para ver videos, el mundo ya decidió que sin datos no hay comercio.

La propuesta, entonces, es simple, y ya la implementaron los países que decidieron tomarse en serio a su ruralidad: un voucher directo. Que el productor rural reciba un bono para adquirir el kit y financiar la mensualidad del proveedor que él elija. Que el Estado no elija por él. Sin licitación, sin intermediario, sin programa con nombre de fantasía. Esto conecta en meses y no en décadas, convierte al beneficiario en cliente —con poder de exigir— y deja de financiar burocracia para empezar a financiar acceso.

Las objeciones son previsibles. ¿Que el satelital es caro? Un kit y dos años de mensualidad cuestan una fracción de lo que cuesta tender un solo kilómetro de fibra por un camino vecinal, y aquí hay que hacer la matemática completa: solo el MOP administra alrededor de siete mil kilómetros de caminos rurales e indígenas en La Araucanía.

Aunque el Estado tendiera fibra por todos ellos —una obra de décadas, no de años—, seguiría siendo solo tendido troncal por el camino: faltaría bajarla a cada casa y las casas están adentro, kilómetros al interior, detrás de un portón y un cerro. Todo eso en un escenario de árboles, temporales, caída de ramas y robo de cable, es decir, una infraestructura frágil que además hay que mantener para siempre. ¿Que depende de privados extranjeros? Toda la fibra óptica de Chile también. ¿Que no genera infraestructura? Genera algo mejor: genera capacidad. El verdadero costo es político, y es evidente: no hay foto, no hay ceremonia, no hay poste con placa. Solo hay gente conectada. Quizás por eso no se hace.

Cuando el IICA estima que 72 millones de habitantes rurales en América Latina carecen de conectividad significativa, no está describiendo un problema de infraestructura: está describiendo una decisión. Alguien decidió que esos 72 millones podían esperar. Y los jóvenes rurales —los que supuestamente van a heredar el campo, sostener la soberanía alimentaria y frenar la migración a las ciudades— leyeron la decisión perfectamente.

Por eso se van. No porque odien el suelo que los vio nacer, sino porque nadie se queda donde el futuro no llega. La tecnología para encender el campo chileno existe hoy, está sobre la mesa. Lo único que falta es que alguien en Santiago entienda que el habitante rural no es un beneficiario esperando su turno. Es un ciudadano. Y ya esperó demasiado.