En el segundo día del proceso al célebre juez, el comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que dirigió la investigación de la llamada trama «Gürtel» (que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular), afirmó que, para Garzón, el derecho de defensa de los acusados «prevalecía sobre cualquier cosa».
Un mando policial defendió al juez español Baltasar Garzón, en el juicio que se le sigue por haber ordenado grabar las conversaciones en la cárcel entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados, asegurando que no se vulneró el derecho de defensa de esos imputados.
En el segundo día del proceso al célebre juez, el comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que dirigió la investigación de la llamada trama «Gürtel» (que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular), afirmó que, para Garzón, el derecho de defensa de los acusados «prevalecía sobre cualquier cosa».
Olivera, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, explicó que durante toda la investigación trabajó en permanente contacto con Garzón, juez instructor que destapó la gran trama de corrupción, y que desde el principio había claros indicios de blanqueo de dinero.
Agregó que la detención de los cabecillas de la trama no puso fin a sus actividades delictivas y que la estructura de la red seguía funcionando desde la cárcel.
Por ello, según el comisario, fueron los agentes quienes propusieron la intervención de las comunicaciones, necesarias a su juicio para investigar un delito de blanqueo que requiere diligencias muy complicadas incluso en el extranjero.
Tras la propuesta, Garzón redactó un oficio «minucioso» en el que detalló la participación de los agentes, la prohibición para los funcionarios de prisiones de acceder al contenido de las grabaciones y la prevención del derecho de defensa, señaló el testigo.
Garzón está acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar esas conversaciones, y se enfrenta a una petición de inhabilitación de 17 años.
Este proceso se abrió a raíz de una querella presentada por el abogado defensor de uno de los imputados por corrupción, y es la primera de tres causas abiertas a Garzón, que también será juzgado a partir del día 24 por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El famoso magistrado -que en España fue muchos años el azote de la organización terrorista ETA y fuera es conocido por su lucha a favor de las víctimas de las dictaduras de Argentina y Chile- fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo de 2010 por estos procesos.
Los juicios a Garzón han provocado una fuerte polémica en España, y desde muchos sectores políticos, mediáticos e intelectuales, se denuncia una persecución política de un magistrado que se volvió incómodo por destapar los manejos ilegales de estos cargos del PP y por tratar de abrir una investigación sobre el franquismo.
