El dedo acusador apunta a la empresa que maneja la concesión, pero el Estado también ha sido señalado por no supervisar adecuadamente.
Al menos 50 muertos, más de 700 heridos ¿quién es responsable de uno de los peores accidentes ferroviarios de Argentina?
Esta es la tarea de la investigación judicial que se efectúa con ayuda de peritos de la policía, la Universidad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia.
Los resultados de las investigaciones se conocerán en las próximas semanas y su conclusión revelará la causa del trágico accidente.
Pero por el momento hay tres tendencias en la opinión pública sobre la responsabilidad —única o compartida— del siniestro: la empresa, el Estado y el conductor.
El principal foco se encuentra sobre Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que maneja la concesión de la Línea Sarmiento, donde viajó el tren que se estrelló este miércoles.
Los peritos buscan determinar si los vagones fueron sometidos a revisión y mantenimiento adecuado antes de partir en la jornada del accidente.
Según varios sindicatos de trabajadores ferroviarios, la empresa no ha tenido un nivel de inversión aceptable que permita un servicio de calidad. Además estos gremios han criticado que el tren tenía una antigüedad de más de 50 años y ahora transporte el doble de capacidad para la que fue diseñada.
El ministro de Transporte argentino, Juan Pablo Schiavi, informó que en horario de mayor tránsito cada vagón puede tener hasta 250 personas, lo que duplica la capacidad de casi 70 que tiene en su diseño original.
El congestionamiento quedó en evidencia con el accidente, ya que en los dos primeros vagones quedaron atrapadas decenas de personas, muchas de las cuales perdieron la vida o quedaron heridas de gravedad.
TBA afirma que su servicio es “aceptable”. Así lo aseguró este jueves uno de los directores de empresa, Roque Cirigliano.
Cirigliano señaló que su empresa “hace más inversiones que las otras ferroviarias” y sugirió que hubo “error humano” por parte del conductor del tren.
El operador, un joven de 28 años, sobrevivió al accidente pero se encuentra en terapia intensiva. Según las autoridades, tenía una hoja limpia de servicio.
TBA recibió en enero por parte del gobierno unos US$17 millones en subsidios para su funcionamiento. Pero en boletería recaudó menos de 20% de dicho monto, lo que reafirma lo que señalan expertos en el área acerca de la poca rentabilidad del negocio ferroviario y sus enormes costos.
No obstante, la Auditoría General de la Nación (AGN) ha venido revisando el cumplimiento del contrato de concesión de TBA —recibido en 1994 en el gobierno del entonces presidente Carlos Menem— y en los últimos 10 años ha venido emitiendo informes críticos sobre la empresa y la autoridad reguladora.
El último informe de 2008 señaló que la red ferroviaria era “deficitaria” y alertó sobre “el riesgo para los usuarios”.
La AGN también cuestionó a la autoridad del sector —la Comisión nacional de Regulación del Transporte— por no haber impedido la acumulación de problemas que mostraba la empresa.
“Nosotros pensamos que hay coresponsabilidad del Estado por ser copropietario y según el artículo 1113 del Código Civil tiene responsabilidad el ascendiente por los hechos ilícitos del inferior”, señaló a BBC Mundo Jorge Rizzo, el expresidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires y especialista en acciones legales en casos de accidentes.
“Por eso, yo creo que este juicio terminará en los tribunales federales porque el Estado seguramente será demandado también”, agregó.
Este jueves el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, anunció que el Estado argentino también se presentará como querellante junto a aquellas víctimas que decidan emprender acciones legales que se efectúen en el juicio que resulte de las investigaciones en curso para “defender el interés público”.
Pero la bancada de oposición en el legislativo ya lanzó duras críticas al gobierno por no haber cumplido con la labor de supervisión rigurosa sobre el sector ferroviario.
Según argumentan, TBA es quien opera la línea, pero el Estado es el responsable de la línea y los vagones.
La semana próxima la Auditoría General de la Nación presentará su más reciente informe sobre el funcionamiento de la línea de TBA. El comité que avala el contenido del reporte está conformado por miembros del partido de gobierno y de la oposición.
Pero según se filtró a la prensa local, el informe nuevamente será crítico por la falta de regulación y mantenimiento de la línea del accidente y esto se conocerá pocos días después del trágico siniestro.
Según explicó Rizzo: “el procedimiento normal que se da en accidentes de este tipo es que las víctimas acuden a un abogado para iniciar la tramitación de acciones civiles o penales contra la empresa responsable”.
“La persona afectada tiene una acción judicial contra la empresa en virtud del contrato de transporte con dicha empresa al comprarle el pasaje o boleto”, agrega.
En la historia reciente argentina no hay un precedente de que un tribunal haya encontrado culpable al Estado en un accidente ferroviario, pese a haber sido demandado por las víctimas, explicó el abogado.
Sin embargo, los afectados, cuando ganan los casos presentados obtienen una compensación económica que signifique un resarcimiento de los daños físicos, psicológicos y de cualquier tipo que se considere hayan surgido a raíz del hecho.
Además se procede a una retribución de cualquier gasto médico incurrido.
La compensación dependerá del tipo de persona. Es mayor si se trata de un niño, es menor si es una persona de tercera edad, debido a que influye la expectativa de vida que tiene el afectado.
Depende también del nivel de ingresos de la persona y su profesión el tipo de resarcimiento.
“En todo caso cuando hay un daño hay que repararlo”, aseveró Rizzo.
