«La fiscalía no ha sido capaz de reunir las suficientes pruebas para demostrar que participó en una conspiración», sostuvo el juez Jesús Mupas del Tribunal de Pasay.
La ex presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo abandonó este miércoles en libertad bajo fianza el hospital militar de Manila en que ha permanecido arrestada los últimos ocho meses por un delito de fraude electoral en los comicios legislativos de 2007.
Raul Lambino, portavoz de Macapagal Arroyo, declaró a la cadena de televisión ABS-CBN que la ex mandataria se dirige a su residencia en una urbanización de las afueras de la capital filipina.
El juez Jesús Mupas del Tribunal de Pasay, en Manila, firmó la orden de libertad después de que los abogados de la imputada depositaran una fianza de un millón de pesos (19.683 euros o 23.756 dólares).
«La fiscalía no ha sido capaz de reunir las suficientes pruebas para demostrar que participó en una conspiración», señaló en el auto firmado por Mupas.
«Por lo tanto, a la acusada Gloria Macapagal Arroyo se le permite pagar una fianza de un millón de pesos para su libertad provisional», recalcó el magistrado.
La exmandataria filipina fue detenida tras ser imputada por fraude electoral en los comicios legislativos de 2007, un delito que puede acarrearle la pena máxima de cadena perpetua.
A pesar de salir en libertad bajo fianza, el portavoz del Tribunal Anticorrupción, Renato Bocar, señaló a la prensa que todavía pesa sobre Arroyo otra acusación por la supuesta malversación de 365 millones de pesos (7,18 millones de euros ó 8,7 millones de dólares) de las arcas de la lotería estatal.
Bocar precisó que la causa pendiente impide a la imputada abandonar el país.
También se tramita contra Arroyo, que gobernó Filipinas desde 2001 hasta 2010, otra acusación de corrupción y tráfico de influencias en relación a un contrato estatal para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad con la empresa china ZTE.
La expresidenta anuló el contrato con ZTE en 2007, unos meses después de firmarlo, cuando se denunciaron presiones e irregularidades en la adjudicación de la obra.
Uno de los ingenieros que analizó el proyecto declararía más adelante durante una investigación que el contrato estaba sobrevalorado en al menos 200 millones de dólares.
La victoria de Benigno Aquino en las elecciones presidenciales de 2010 propició un cambio en el Gobierno de la nación y se reabrieron algunos de los supuestos casos de corrupción surgidos durante el mandato de su antecesora.
Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Macapagal Arroyo y a su esposo, el empresario José Miguel Arroyo, han sido probados en un tribunal de justicia.
