En medio de la enorme polémica que ha causado la solicitud de asilo del fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres y los esfuerzos de Reino Unido por extraditarlo a Suecia fue la propia madre del exhacker australiano la que lanzó la comparación. «Deberían anular esa ridícula orden de extradición, como hicieron con Pinochet», le dijo recientemente a BBC Mundo Christine Assange.
Las circunstancias y los protagonistas del caso de Julian Assange, a quien el gobierno de Ecuador decidió concederle el asilo político el jueves, han generado preguntas sobre los paralelos y las diferencias con otra contrvosersia sobre extradición que involucró al gobierno británico y a un país latinoamericano: la pelea por Augusto Pinochet a finde los los años 90.
En medio de la enorme polémica que ha causado la solicitud de asilo del fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres y los esfuerzos de Reino Unido por extraditarlo a Suecia fue la propia madre del exhacker australiano la que lanzó la comparación.
«Deberían anular esa ridícula orden de extradición, como hicieron con Pinochet», le dijo recientemente a BBC Mundo Christine Assange.
En el caso del ex gobernante militar chileno, Reino Unido no facilitó su extradición para responder a requerimientos judiciales en España, mientras que ahora parece esforzarse por entregar a Assange a las autoridades suecas.
La ciudad de Londres, la posibilidad de una extradición y el nombre del exjuez español Baltasar Garzón son algunos elementos comunes que, a primera vista, están presentes en el caso que en 1998 se le siguió a Pinochet y en el que actualmente se le sigue a Assange.
En el primero, Garzón fungió como acusador. En el segundo, el de defensor.
El 17 de octubre de 1998, el general Pinochet fue arrestado cuando visitaba Londres tras una orden emitida en España por el entonces juez Garzón.
El magistrado pidió su extradición por cargos relacionados con el asesinato y la tortura de ciudadanos españoles durante su régimen, entre 1973 y 1990.
Casi 14 años después, el 24 de julio, la organización WikiLeaks anunció que el mismo Garzón, ya despojado de su investidura de juez en España, asumiría la «dirección jurídica» del equipo legal de Assange.
Garzón ha tenido presencia en los dos casos.
En el momento de su arresto por parte de la policía británica, Pinochet era senador chileno y poseedor de un pasaporte diplomático. Tenía 82 años y se hallaba en una clínica londinense recuperándose de una cirugía de espalda.
La extradición a España, solicitada por el juez Garzón, desencadenó una batalla legal de 16 meses en los juzgados y en la Cámara de los Lores.
La defensa argumentó la inmunidad diplomática para evitar la extradición. El general, como ex jefe de Estado, tenía derecho a inmunidad ante los actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones públicas.
Esta petición fue rechazada por la Cámara de los Lores, que argumentó que por crímenes internacionales como la tortura no podía gozar del derecho a inmunidad propio de un exjefe de Estado.
No obstante, se decidió que Pinochet sólo podía ser extraditado para responder por acusaciones de crímenes cometidos luego del 8 de diciembre de 1988.
En esa fecha, el gobierno británico había ratificado un acuerdo internacional que consideraba como delito en Reino Unido los actos de tortura cometidos en el exterior.
Pero Pinochet había dejado de ser presidente de Chile en 1990, por lo que no muchas de las denuncias de tortura en las que se basaba el pedido de extradición de Garzón eran cubiertas por este acuerdo.
Otro alegato para evitar el enjuiciamiento del general Pinochet fue el deterioro de su condición de salud.
El 11 de enero de 2000, luego de un examen médico al ex gobernante militar, el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió que no tenía sentido continuar con el procedimiento de extradición.
Pinochet regresó a Chile el 3 de marzo de 2000, tras 503 días de arresto domiciliario en Londres. Murió el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, en el Hospital Militar de Santiago.
Según grupos de derechos humanos, unas 3.000 personas fueron asesinadas durante los 17 años durante el régimen de Pinochet.
