Ninguna de las partes dio signos de ceder ni tampoco se habló en ningún momento de reanudar el diálogo para tratar el permiso otorgado por el gobierno de Montevideo a la ex Botnia para aumentar su producción en 100.000 toneladas anuales bajo la condición de que cumpla con una serie de requisitos medio ambientales.
Una sucesión de reproches y críticas cruzadas elevó este jueves la tensión entre Uruguay y Argentina por la decisión uruguaya de autorizar el incremento de la producción de una planta papelera y la argentina de llevar el tema a la Corte Internacional (CIJ) de La Haya.
A las acusaciones de falta de racionalidad y agotamiento de los márgenes para negociar hechas por Uruguay sobre su vecino, hoy se añadieron las de «manipulación» e interés político en el tema medioambiental.
Por su parte, Argentina acusó al Gobierno uruguayo de dejarse dominar por la empresa finlandesa UPM, propietaria de la planta, y de desatar una crisis con decisiones unilaterales que atenta contra los acuerdos bilaterales.
Ninguna de las partes dio signos de ceder ni tampoco se habló en ningún momento de reanudar el diálogo para tratar el permiso otorgado por Uruguay a UPM (ex Botnia) para aumentar su producción en 100.000 toneladas anuales bajo la condición de que cumpla con una serie de requisitos medioambientales.
El canciller argentino, Héctor Timmerman confirmó hoy que su país presentará a lo largo del día una denuncia ante el Tribunal de la Haya porque a su juicio el Gobierno uruguayo violó no solo los tratados que regulan la gestión del río Uruguay sino la sentencia de 2010 de la CIJ sobre la papelera.
Según dijo Timerman, con su decisión «unilateral», Uruguay violó «los acuerdos» y no dejó a su país «otro camino más que recurrir a la Haya» a la espera de que desde Montevideo «se dé marcha atrás con esta decisión».
Timerman culpó a UPM por haber forzado a Uruguay a tomar esta decisión «que lleva a un problema muy serio entre ambos gobiernos» y lamentó que los «intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas».
«Nosotros pensábamos seguir dialogando y tratando de resolver este tema entre los dos gobiernos pero, sin embargo, las presiones que debe haber puesto la empresa fueron de tal magnitud que hizo que ésto fracase», dijo el jefe de la diplomacia argentina.
El Gobierno uruguayo no respondió directamente a estas palabras del canciller argentino.
Sin embargo, la prensa uruguaya publicó hoy varias informaciones que daban cuenta del profundo enojo del presidente José Mujica con Argentina, país del que dijo que lo «acorraló políticamente» al amenazarlo con ir a La Haya durante las negociaciones que mantenían para autorizar el aumento de producción.
Más explícita y dura fue la influyente senadora y esposa de Mujica Lucía Topolansky, que en declaraciones a la emisora radial Metrópolis FM insistió en la tesis de que la campaña electoral que vive Argentina está influyendo en el desarrollo de este conflicto.
Topolansky subrayó que Argentina está haciendo «un manejo medioambiental tramposo» y que realiza con esta denuncia una «jugada netamente política» ya que «no les interesa el aspecto ambiental».
En ese sentido, la senadora se refirió a la amenaza vertida ayer por Timerman de que haría públicos informes medioambientales sobre el río Uruguay y dijo que será su país el que finalmente mostrará «la verdad de la milanesa» sobre la supuesta contaminación en el río.
La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, que entre 2007 y 2010 bloqueó el principal cruce fronterizo entre ambos países en rechazo a la instalación de la planta papelera, anunció que el domingo marchará hacia Fray Bentos, localidad fronteriza en donde se ubica UPM, a orillas del río Uruguay.
Esto, a su vez, desató la inquietud en el lado uruguayo del río ante la posibilidad de que se repita el corte de la ruta y el puente internacional que une ambos países situado junto a la papelera, un corte que generó importantes daños económicos a la región.
Ajena a este ajetreo, UPM anunció que reanudará su producción «de forma inmediata» con el objetivo de producir los 1,2 millones de toneladas anuales de celulosa aceptados por Uruguay.
Mujica autorizó el incremento de producción de la planta debido a que no había ya «margen de negociación» con Argentina por este tema.
El pasado lunes, Mujica y la presidenta Cristina Fernández hablaron del asunto Buenos Aires y el diálogo prosiguió con un encuentro de Timerman con su colega Luis Almagro el martes, sin ningún éxito.
La instalación de UPM, la mayor inversión jamás realizada hasta la fecha en el país, desató la mayor crisis bilateral entre ambos países en décadas y solo se solventó en 2010 tras un fallo de la Corte de la Haya que dictaminó que la papelera no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.
