Demoledor informe revela acciones «antidemocráticas» de los órganos de inteligencia argentinos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina, publicó un informe titulado: “El (des)control democrático de los órganos de inteligencia en Argentina”, la difusión del texto se vio apresurada ante la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, quien llevaba el Caso AMIA. El fiscal apareció muerto de un tiro en la cabeza el día antes de declarar en el Congreso por una denuncia que involucraba a las más altas esferas del poder.

“Este informe se presenta como urgente porque los desplazamientos internos en la Secretaría de Inteligencia y los hechos en torno a la causa AMIA –en donde la SI estuvo involucrada desde el primer momento para encubrir más que para esclarecer el atentado– presentan una oportunidad única para que la democracia argentina actúe sobre el sistema de inteligencia, un cuerpo autónomo de agentes estatales y paraestatales que actúa en las sombras, maneja millones en fondos reservados que sirven para comprar jueces y periodistas y espiar a políticos, empresarios, funcionarios públicos”, asegura la introducción del texto.

El informe establece al sistema de inteligencia como un ente “altamente autónomo pero parte esencial del presidencialismo argentino: sirve a placer del presidente de turno pero, a la vez, es capaz de manejar una agenda propia que constituye una verdadera amenaza para la democracia argentina y los derechos de los ciudadanos”.

Dicha descripción encontraría su origen en el hecho de que la democracia argentina adoptó una estructura de inteligencia “sin controles” y la convirtió en uno de los pilares del poder presidencial. “Al hacerlo, consolidó servicios poco profesionales dedicados al espionaje interno y al manejo de fondos reservados que no rinden cuentas ante nadie. Mientras el Congreso afirmó en numerosas oportunidades la necesidad de democratizar a las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia (Cawthra y Luckham, 2003; Pion-Berlin, 1992) esas leyes son ineficientes y no funcionan, en parte como consecuencia de acuerdos tácitos entre distintos sectores políticos que esperan usufructuar esas estructuras si acceden a la presidencia”, asegura el documento.

La paradoja de la autonomía y la subordinación

Esta paradoja es esencial para comprender por qué la SI se ha mantenido ajena al proceso de democratización que Argentina comenzó a transitar en 1983, según el informe. La SI estuvo estrechamente vinculada a las dictaduras que gobernaron el país entre las décadas del 50 y 70. Además estuvo involucrada con los crímenes de esos años: un ejemplo paradigmático puede encontrarse en la famosa banda de Aníbal Gordon, un agente de la SI entre 1968 y 1974, que integró la Triple A y manejó el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti: durante esos años ingresaron, en puestos administrativos de bajo rango, muchas de las personas que integran la SI hoy en día. El retorno de la democracia trajo cambios, pero ellos no fueron significativos y la lógica de subordinación al Presidente de la Nación continuó.

La SI continuó realizando espionaje interno para satisfacer las necesidades del presidente y el 21 de octubre de 1985, a través del decreto 2049, se dispuso el arresto por 60 días de doce personas a las que el gobierno acusaba de desestabilización institucional, entre ellos militares retirados, en actividad y civiles. La base de la acusación eran escuchas y relaciones telefónicas obtenidas a partir de nuevos sistemas de interceptación comprados a Israel ese año.

Uno de los casos más emblemáticos que tuvo la SI en los años noventa fue el atentado contra la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA) perpetrado el 18 de julio de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas. Es éste el caso que investigaba el fiscal federal Alberto Nisman. Según el documento, la SI intervino en la investigación secuestrando y torturando testigos y aportando dinero para sobornar al sospechoso Carlos Telleldin. «Esta acción salió a la luz gracias a la revelación de una cámara oculta en el despacho del juez federal Juan José Galeano. Cabe recordar que en 1992 un atentado con la Embajada de Israel en Buenos Aires debería haber puesto en alerta a los servicios de inteligencia. La SI, en lugar de aportar información para prevenir el atentado o para encontrar a sus responsables, intervino para obstaculizar la investigación judicial», asegura el texto “El (des)control democrático de los órganos de inteligencia en Argentina”.

El caso de las coimas del Senado: Según el informe, de la SI salieron 5 millones de dólares que servirían para asegurar los votos de varios senadores a favor de una ley de reforma laboral en el año 2000; trece años después, ninguno de los involucrados en la maniobra fue condenado (“Coimas en el Senado”, 2013).

Cuando el gobierno de De la Rúa colapsó por la crisis económica y las protestas ciudadanas, la SI fue la encargada de contrarrestar esas protestas. Por medio «de grupos de matones», infiltraciones y creación de noticias falsas sobre inseguridad, la SI intentó controlar los ánimos de la clase media argentina. También estuvo, de acuerdo al mismo relato, detrás de presiones sobre jueces de la Corte Suprema y de la represión de los movimientos piqueteros.

Otros casos de Abuso

Caso Balbuena

Américo Alejandro Balbuena, ex estudiante de radio y periodismo, comenzó a desempeñaarse en 2001 como parte de la red de corresponsales periodísticos de FM la Tribu. Un año mas tarde, se integraría a la agencia de noticias Rodolfo Walsh, producto de una relación proveniente de su infancia con Roberto Grinberg, uno de los fundadores de ese medio alternativo con quien se reencontró mientras estudiaba periodismo. Su participación en la Agencia Walsh le permitía estar en contacto permanente con organizaciones políticas sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. Ese contacto era el normal que se establece entre un periodista y sus fuentes de información.

En abril de 2013, tras once años de actividad ininterrumpida dentro de la Agencia y tras convertirse en una persona conocida entre los activistas de izquierda y de movimientos sociales que la Agencia usualmente cubría, se descubrió que Balbuena era en realidad un agente de inteligencia de la sección Reunión de Datos de la división Análisis de la Policía Federal. La información fue filtrada hacia la propia Agencia Walsh por parte de una persona con contactos en el mundo de la inteligencia de la Policía Federal. El nombre de Balbuena fue solo uno que salió a la luz entre muchos otros, que revelaban en conjunto una red de espionaje de las fuerzas de seguridad sobre partidos y movimientos de izquierda.

Caso Violación de secretos políticos o militares

Entre agosto de 2006 y junio de 2008, una “compleja organización clandestina de espionaje” (definidos así por el poder judicial argentino) hackeó cientos de cuentas de correo electrónico de distintos funcionarios de Gobierno de alta jerarquía, desde secretarios y ministros hasta la propia Presidenta Cristina Fernandéz de Kirchner. El material obtenido, era en muchos casos comercializado y luego trascendía en medios periodísticos como si fuera producto de
una intensa investigación o proviniera directamente de fuentes calificadas. Esta causa estuvo a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que tras 6 años de investigación determinó que se trataba de una red ilegal de espionaje cuyo líder era Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la Secretaría de Inteligencia durante el menemismo, y sus brazos ejecutores en las tareas de detección y hackeo de cuentas eran dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Iván Velazquez –prófugo– y Pablo Carpintero, al igual que el director del portal Seprin, Héctor Alderete. En otro grupo, la jueza Arroyo Salgado decidió procesar por encubrimiento y revelación de secretos a un grupo de periodistas que a sabiendas del “origen espurio” de la información, consumían y difundían el contenido hackeado.

Caso Proyecto X

A fines del año 2011, el Jefe de la Gendarmería Nacional denunció la existencia de una unidad especial dentro de la propia fuerza dedicada a realizar tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales y sobre el conjunto de los sectores populares, en especial sobre las comisiones internas gremiales combativas y de izquierda. Esta operación, más tarde conocida como “Proyecto X”, comprendía principalmente la infiltración de agentes (en muchos casos camuflados de periodistas de medios independientes) en protestas sociales, con el fin de obtener información de sus líderes. Luego, en el marco de la causa, se conoció que esa información se registraba en bases de datos conteniendo movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de distintos líderes de movimientos sociales y gremiales. Incluso detalles de índole privada, como si la persona monitoreada fumaba o bebía alcohol.

Si bien desde el gobierno han salido a desmentir las versiones denunciadas, alegando que se trata de un sistema informático de inteligencia criminal que data del 2002 y que quedó en desuso en 2006, las organizaciones de derechos humanos que han llevado adelante estas denuncias insisten en que este sistema le ha permitido a Gendarmería disponer de información previa y tenerla latente ante potenciales procesos penales contra alguno de los sujetos ya identificados. En estos casos, se desclasificaba judicialmente toda esa información –obtenida legítimamente, claro está– recopilada de antemano, sin autorización judicial.

Desde el punto de vista de los autores de este informe, lo anterior «es poco más que un llamado de atención sobre una realidad que todos los actores políticos en la Argentina conocen pero prefieren callar. La muerte del fiscal Nisman producida el 18 de enero de 2015 es un hecho de gravedad institucional que merece no solo ser investigado sino colocado en el contexto de las prácticas de los servicios de inteligencia en la Argentina que este informe quiso destacar», aseguran en el texto.

Todos los presidentes creen que pueden controlar a los servicios de inteligencia y utilizarlos en beneficio propio, pero tarde o temprano se dan cuenta de que en realidad los servicios que proveen son condicionales, en manos de estructuras sin control y con una gran autonomía que les permite imponer condiciones a los órganos democráticos.

Hay “una necesidad imperiosa de establecer mecanismos efectivos de control sobre los organismos de inteligencia. Es necesario para evitar que los organismos de inteligencia incurran en abusos y violaciones de derechos de los ciudadanos, ya sea para beneficios propios de funcionarios de carrera o para funcionarios electos del poder Ejecutivo. Los abusos reseñados en este trabajo son el resultado directo de esa falta de control», asegura la Asociación por los Derechos Civiles.