Condena de Leopoldo López provoca el silencio de los líderes latinoamericanos

La detención del dirigente opositor venezolano, Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel por la justicia de ese país, ha provocado tensiones internas entre los líderes latinoaméricanos, debido a que todos los Presidentes han guardado silencio ante la prisión de alguien que es contrario al gobierno de Nicolás Maduro.

Según publica el diario español El País, los presidentes de la izquierda latinoamericana mantienen su respaldo a Maduro y «referentes como Lula Da Silva o Cristina Fernández de Kirchner reivindican constantemente al fallecido Hugo Chávez, pero cada vez se hace más difícil defender todo lo que hace el Gobierno venezolano».

Sin embargo, la sentencia a López causó que varios líderes de la oposición de varios países de la región, ex mandatarios y organizaciones de derechos humanos, Estados Unidos y la Unión Europea condenaran la determinación de la justicia venezolana.

El único gobernante que rompió tal silencio fue el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien señaló tajante que «me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy».

El diario explica que uno de los organismos regionales a los que pertenece Venezuela, Unasur, defendió la actuación de ese país, mientras que el Mercosur mantuvo también silencio, y a través de un comunicado, la Secretaría de este organismo «reitera su respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados Miembros y confía que en el curso de las siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo López, pueda ejercer los recursos procesales que considere pertinentes su defensa».

En tanto, para Human Rights Watch la condena es “injusta” y muestra el “deterioro extremo” del estado de derecho que se vive en Venezuela y en ese sentido, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco,consideró que «este caso es una farsa».

A su vez, Amnistía Internacional también denunció la “absoluta falta de independencia judicial” en este país, precisando Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, que “nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”.

Sin embargo, los rechazos a la condena contra López provenían desde fuera de los gobiernos como es el caso del líder opositor argentino Mauricio Macri, quien exigió a los Presidentes del mercosur que intervengan para que “se asegure el resguardo y libertad” del dirigente opositor venezolano

Las oposiciones en Perú o Uruguay también reclamaban a sus gobiernos que actúen mientras ex mandatarios como los colombianos Álvaro Uribe o Andrés Pastrana, enviaban mensajes muy duros contra Maduro.

La ONU también se mostró consternada por la “dura sentencia”, y en voz del alto comisionado de la institución para los derechos humanos, Rupert Colville, señala que “estamos preocupados por el derecho de López a un juicio justo, dado la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa, y los comentarios contra él expresados por altas instancias del Gobierno de Venezuela”.

A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, expresó su preocupación por la «naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno», mientras que el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, demandó que López y «todos los presos políticos injustamente encarcelados» en Venezuela sean puestos en libertad.

Por su parte, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, lamentó que el juicio del líder opositor venezolano “haya fracasado en proveer a los acusados de garantías de transparencia y de un debido proceso legal”, reclamando que esta “dura” sentencia pueda ser revisada de una forma “justa y transparente”.