Presidenta brasileña corre el riesgo de ser destituida
El Tribunal de Cuentas de ese país recomendó al Parlamento rechazar los balances del gobierno referentes al año pasado por una serie de irregularidades. Por su parte, el Tribunal Superior Electoral decidió reabrir el proceso de investigación electoral con el fin de indagar una posible corrupción en la campaña electoral de la mandataria.
El Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Parlamento que rechace los balances del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades.
El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014.
Nardes afirmó que el Ejecutivo cometió «graves ofensas» contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma «sistemática» las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
Esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo.
El juez instructor calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), lo que llevó al Gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas.
Los bancos tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de «créditos ocultos» al Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.
El dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.
Los «delitos de responsabilidad» son uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político con miras de destitución del jefe de Estado.
La Cámara de los Diputados está analizando si admite a trámite una decena de solicitudes de la oposición para la apertura de juicios políticos con el objetivo de destituir a Rousseff, y varios de ellos citan estas maniobras fiscales.
Antes de la votación, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó dos peticiones del Gobierno para apartar del caso al juez instructor, al que acusó de ser «parcial» y de haber anticipado su decisión de votar contra los intereses de Rousseff.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió por mayoría reabrir el proceso de investigación electoral por supuestas irregularidades en la campaña electoral de la presidenta, Dilma Rousseff.
La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente Michel Temer.
No obstante, según apuntó la estatal Agencia Brasil, los magistrados no cuestionaron el mérito de la acción para analizar si hubo irregularidades o no y sólo evaluaron este martes si era procedente continuar con ese proceso.
Después del análisis de las alegaciones de acusación y defensa, el caso será juzgado por el plenario de la corte.
En total, cinco magistrados votaron a favor de dar continuidad al proceso y dos en contra.
En febrero, la magistrada María Thereza de Assis Moura archivó el proceso, al argumentar que no se tenían pruebas suficientes para proseguir con la acción, pero el TSE volvió a debatir la reapertura del caso por una acción interpuesta por el PSDB, del candidato opositor derrotado Aécio Neves.
El PSDB alegó que existen indicios de irregularidades en la campaña de Rousseff por la donación de recursos de las constructoras vinculadas en la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La Justicia electoral había iniciado el último 25 de agosto la votación para dar continuidad o no al proceso, pero fue interrumpida y retomada sólo este martes.
En el proceso, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la Justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.
