La justicia argentina investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el gobierno de Fernández (2007-2015).
Víctima de una persecución política.
Así se definió la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien este lunes hizo su primera aparición en los tribunales de justicia en el marco de una causa por presunta corrupción.
La justicia argentina investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el gobierno de Fernández (2007-2015).
Pero la exmandataria pidió al juez de la causa, Julián Ercolini, que desestime el caso, asegurando que el actual gobierno del presidente Mauricio Macri está usando esta investigación para tapar sus fracasos.
También acusó al presidente argentino de conspirar contra ella.
El gobierno de Macri es como «una organización terrorista», dijo Fernández, y los cargos en su contra fueron diseñados «para ocultar el desastre socioeconómico de la Argentina».
Los señalamientos se refieren al supuesto direccionamiento de contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez, un hombre de negocios cercano a la familia Kirchner, durante la presidencia de Fernández.
Se alega que Báez utilizó sus empresas para el blanqueo de dinero de Fernández y su marido, el expresidente Néstor Kirchner.
La exmandataria presentó los documentos presupuestarios nacionales en la justicia como parte de sus pruebas, destacando que las cuentas habían sido aprobadas por los órganos parlamentarios y la auditoría general del país.
Cristina Fernández también comparó su caso al del expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien está acusado de corrupción en relación con la petrolera estatal Petrobras.
Fernández es actualmente una de los principales opositoras al gobierno de Macri, quien asumió el poder a finales del año pasado.
Cientos de partidarios de la expresidenta se reunieron fuera de tribunal de Buenos Aires en el que declaró, enfrentándose con la policía mientras Fernández se retiraba en su vehículo.
Hubo algunos disturbios cuando Fernández intentó mezclarse con sus seguidores. Más tarde publicó un video del incidente en su cuenta de Facebook y calificó el operativo policial de «desproporcionado».
Esta es la segunda vez que la exmandataria debe declarar ante la Justicia después de que en abril pasado fuera citada por las operaciones en la venta de futuros de dólar, siendo procesada por un presunto delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública».
En julio, sus cuentas bancarias y sus bienes fueron congelados por orden del juez del caso, Claudio Bonadío, como consecuencia de un embargo por casi US$1 millón..
Además, en junio un exministro de su gobierno, José López, fue capturado tirando bolsas con casi US$9 millones tras los muros de un monasterio por lo que fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero.
