Entre los jefes sustituidos se encuentra el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, en cuyo lugar designó a Sergio Rivero Marcano. Esta fuerza ha sido uno de los cuerpos encargados del orden público durante las manifestaciones contra el gobierno, que han dejado un saldo de 75 muertos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reemplazó a cuatro altos comandantes militares tras meses de protestas en el país.
Entre los sustituidos se encuentra el comandante general de la Guardia Nacional, el general Antonio Benavides, en cuyo lugar designó a Sergio Rivero Marcano.
De este modo el gobierno adelantó los cambios en la cúpula militar, que tradicionalmente se anuncian en julio.
Los relevos se producen después de que surgieron imágenes que aparentemente muestran a fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes el lunes.
La Guardia Nacional es uno de los cuerpos encargados del orden público durante las protestas contra el gobierno que iniciaron en abril y que han dejado un saldo de 75 muertos, según cifras oficiales.
Ha habido acusaciones contra el general Benavides de estar detrás de muchos de los ataques contra los manifestantes.
El general rechaza las acusaciones de agresión a los manifestantes y en una entrevista a principios de mes indicó que «no teme» de que se lo acuse de violar los derechos humanos.
También fueron sustituidos los comandantes del Ejército, de la Armada y de la Milicia.
En dichos cargos fueron designados respectivamente el mayor general Jesús Suárez Chourio, el vicealmirante Edglis Herrera Balza y el general Carlos Leal Tellería.
Maduro anunció también el reclutamiento de 40.000 nuevos oficiales de policía y miembros de la guardia nacional.
Venezuela, entre tanto, enfrentó acusaciones de abusos de derechos humanos durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los manifestantes han utilizado bombas molotov durante las protestas.
Las fotos publicadas el lunes, que aparentemente muestran a miembros de la Guardia Nacional disparando directamente contra manifestantes en Caracas, provocaron extensa indignación pública.
Los militares aseguran que la creciente cifra de muertos ha sido resultado de soldados disconformes.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a la OEA de tratar de provocar una guerra civil en su país.
Pero en mayo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó que tenía declaraciones de testigos de que un manifestante había sido golpeado por un contenedor de gas lacrimógeno a corta distancia.
Declaró que las fuerzas de seguridad habían violado las leyes de derechos internacionales.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también advirtió este mes a las fuerzas de seguridad que no cometan «atrocidades» después de que se filmó a la policía atacando y robando a manifestantes.
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