Altos dirigentes oficialistas la han tildado de «traidora»
Los más de 500 miembros de la Asamblea, que fueron elegidos el domingo pasado, aprobaron por unanimidad, durante su primera sesión, remover a Ortega de su cargo. Horas antes Ortega denunció que agentes de la Guardia Nacional sitiaron la sede principal del Ministerio Público.
La recién elegida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó este sábado la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.
Asimismo, en la sesión de la Constituyente, que inició deliberaciones solo un día después de instalada, se leyó la notificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que consideró que hay causas para abrir un juicio contra Ortega.
La ANC declaró en emergencia al Ministerio Público para hacer una renovación de la institución y «luchar contra la impunidad».
Los más de 500 miembros, que fueron elegidos el domingo 30 de julio, aprobaron por unanimidad durante su primera sesión remover a Ortega de su cargo antes de «suspenderla» como había decidido la máxima corte.
Diosdado Cabello, constituyente y peso pesado del chavismo, propuso destituirla de su cargo e inhabilitarla, algo que fue decidido por unanimidad.
«Esto no es un acto de linchamiento (…) no vamos a linchar a nadie, vamos a aplicar la ley la justicia», dijo Cabello, quien además detalló que espera que la ANC dure «máximo» dos años.
La ANC también acordó que Tarek William Saab, actual Defensor del Pueblo, asumirá el cargo de fiscal general.
El hecho se produce horas después de que Ortega denunciara que agentes de la Guardia Nacional sitiaron la sede principal del Ministerio Público.
El organismo se había convertido en el bastión de la resistencia al gobierno de Nicolás Maduro tras las polémicas elecciones del domingo pasado en las que se eligió a los miembros de la nueva ANC.
«Rechazo el asedio al Ministerio Público. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional», escribió en Twitter Ortega, quien se ha convertido en azote del gobierno dentro del Estado.
Ortega, que se considera chavista, se ha mostrado cada vez más crítica con el gobierno de Maduro, al que acusa de violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de corrupción y de haber manipulado la elección a la Constituyente.
Altos dirigentes oficialistas han tildado a Ortega de «traidora» y el propio presidente, Nicolás Maduro, ha pedido a la Constituyente una reestructuración del Ministerio Público, al que acusa de haber fomentado la impunidad y la violencia en las protestas.
En la sentencia leída el sábado, se reiteró que Ortega no puede salir del país y sus bienes y cuentas bancarias se mantendrán embargadas.
El oficialismo ha dicho que el objetivo de remover a la fiscal de su cargo es reestructurar una institución que acusan de permitir la impunidad.
«El Ministerio Público se encuentra en una situación angustiosa, preocupante», dijo Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Constituyente, chavista de larga data y exfiscal.
Rodríguez, que como fiscal es conocido como mentor de Ortega, declaró que hay problemas en la justicia penal que «se sienten en la calle, la inseguridad hace parte de la justicia penal».
Asimismo, justificó la destitución de Ortega: «La actitud de la Fiscal no daba certeza, no daba sensación de ser objetiva».
La oposición manifestó «solidaridad» a la fiscal ante lo que consideran «un ataque más contra la disidencia».
En los últimos días, varios dirigentes y alcaldes opositores han sido inhabilitados o detenidos.
La polémica Asamblea Nacional Constituyente se instaló este viernes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, aledaño al hemiciclo en que tiene su sede el Parlamento, hoy en manos de la oposición. .
Tras las controvertidas elecciones del pasado domingo, desconocidas por la oposición y sobre las que pesa una denuncia de fraude hecha por la empresa que se encargó el proceso de votación electrónica, los 538 miembros elegidos se reunieron el sábado para dar inicio a sus labores en la ANC.
Por otra parte, los países miembros del bloque económico Mercosur anunciaron este sábado la suspensión de Venezuela por tiempo indefinido mientras que le exigen al país que restaure la democracia de inmediato, según lo publicaron en un comunicado.
Además, el Mercosur sumó presión internacional al presidente Nicolás Maduro instando al Gobierno venezolano a que desmantele la recién creada Asamblea Nacional Constituyente.
Clima de protestas
La ANC fue impulsada por Maduro como solución a la grave crisis de escasez, inflación y protestas que vive el país.
El gobierno atribuye la grave crisis que vive el país a una «guerra económica» fomentada por la oposición y Estados Unidos.
La oposición lleva más de cuatro meses impulsando una ola de protestas que ha dejado ya más de un centenar de muertos.
El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el TSJ, al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en «desacato».
Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional.
La oposición considera que la Constituyente es el golpe definitivo a la democracia en Venezuela y que con ella Maduro se ha convertido en un dictador.
