Menos de tres meses después de una primera denuncia por corrupción, la Fiscalía de Brasil presentó este jueves una nueva serie de cargos penales contra el presidente Michel Temer por los supuestos delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
Temer es acusado de haber actuado como «líder de una organización criminal»junto con otros miembros de su partido desde que asumió el poder en mayo de 2016.
Tres días antes de dejar su cargo, el fiscal general Rodrigo Janot acusó al mandatario y varios ministros y exministros de su gobierno de formar un grupo que cometió «acciones ilícitas» en varias entidades públicas del país «a cambio de sobornos».
Según la Fiscalía, la trama habría permitido a los denunciados recibir por lo menos 587 millones de reales (unos US$188 millones) en concepto de sobornos.
Esta es la segunda denuncia de Janot contra Temer. La primera, presentada por «corrupción pasiva» a finales de junio, fue rechazada y archivada por el Congreso -donde Temer conserva un sólido apoyo-, lo que impidió abrir un proceso penal contra el presidente.
La presidencia de la República de Brasil mostró ya su rechazo a la denuncia y acusó a Janot de continuar «su marcha irresponsable para encubrir sus propios fallos».
En un comunicado, afirmó que el fiscal «finge no ver los problemas de falta de credibilidad de testigos, la ausencia de un nexo entre las narrativas y las incoherencias producidas por la propia investigación, precipitada y acelerada».
«La segunda denuncia está llena de absurdos, habla de pagos en cuentas al exterior al presidente sin demostrar la existencia de cuentas del presidente en otro país. Transforma una contribución lícita de campaña en ilícita, mezcla hechos y confunde para intentar ganar aires de verdad. Es realismo fantástico en estado puro», aseguró la presidencia en su nota.
Esta nueva denuncia pasará por el mismo largo proceso que la primera.
Derechos de autor de la imagenEPAEn caso de ser considerada procedente por la Corte Suprema, será analizada por la Cámara de Diputados -primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del congreso-.
Para que la denuncia sea aceptada, deberá ser aprobada por al menos dos tercios de los diputados (342 votos de 513) y, posteriormente, ser avalada por la Corte Suprema.
