El presidente, cuestionado por acusaciones de fraude electoral, toma posesión en Tegucigalpa en medio de protestas de la oposición, un amplio despliegue militar y amonestaciones de instituciones internacionales que aprecian corrupción en el estado hondureño.
Honduras se asoma a un segundo mandato presidencial de Juan Orlando Hernández sumida en la incertidumbre y la división política.
El mandatario toma posesión este sábado como presidente en una jornada marcada por protestas de la oposición.
El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, acusa a Hernández y a su Partido Nacional de fraude y de no respetar la voluntad popular, por lo que ha llamado a boicotear la inauguración de su nueva presidencia.
El actual conflicto político en el país surgió con las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.
Tras un escrutinio que se prolongó durante semanas. el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró a Hernández ganador de los comicios con un 42,95% de los votos, por un 41,42% de su rival.
Un apretado resultado que las misiones de observación enviadas por la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no avalaron.
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 31 personas, entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad, han muerto en Honduras en los disturbios registrados después de los comicios.
Las movilizaciones contra un gobierno que muchos consideran ilegítimo continúan produciéndose en todo el país.
El clima es de alta tensión.
Miles de miembros del ejército y la policía patrullan la capital y el gobierno evita dar detalles de la agenda de la jornada, según algunos observadores, para evitar dar pistas a los manifestantes convocados por Nasralla.
Ni siquiera se ha hecho público dónde tendrá lugar la ceremonia oficial.
El presidente aseguró en la víspera que «lo ideal es que se realice rápido porque lo que se busca es seguir trabajando».
No hay mandatarios extranjeros invitados al acto.
Salvador Nasralla le dijo a BBC Mundo que «el Ejército sigue matando gente, y el jefe del Ejército aquí es el presidente de la República».
El sacerdote Ismael Moreno, conocido activista antigubernamental hondureño, asegura que el gobierno está respondiendo a la contestación popular con «una feroz militarización del país».
«Hay un ambiente de zozobra, miedo y persecución, especialmente entre la población opositora», añade.
Desde las filas gubernamentales culpan de la violencia a los partidarios de Nasralla y del expresidente Manuel Zelaya, unidos en la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
Juan Diego Zelaya, secretario ejecutivo del gobernante Partido Nacional, declaró a BBC Mundo que «en ocasiones, el ejército aguanta lluvias de piedras de los manifestantes».
«No podemos vivir en una anarquía, que se manifiesten si quieren, pero que lo hagan de forma pacífica».
Para este diputado, en Honduras hay ahora «odio en el ambiente» por culpa de los detractores del presidente Hernández.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido repetidamente a las autoridades de Honduras que abran una investigación sobre la violencia postelectoral y «se enjuicie a los presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos».
La crispación política en el país se ha contagiado a la cámara recién constituida, con constantes actos de protesta de los legisladores contrarios al presidente Hernández.
Con este panorama, la crisis de legitimidad y el bloqueo político derivado de la controvertida elección de Hernández parece lejos de resolverse.
Michael Shifter, presidente del centro de análisis estadounidense Inter-American Dialogue, cree que a Hernández «le va a a ser muy difícil gobernar», porque «mucha gente tiene mucha rabia».
Se trata de los que «piensan que no se ha respetado su voluntad, que no hubo un proceso transparente y creíble».
«Se van a generar bastantes turbulencias», augura el experto.
Nasralla asegura que seguirá reclamando la victoria que, según dice, le robaron en un recuento fraudulento: «Yo gané, y la gente no se quedará tranquila hasta que no se repitan las elecciones«.
Sin embargo, hay voces dentro del país que sostienen que Nasralla terminará claudicando.
Miguel Cálix, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, afirma que «tarde o temprano, Nasralla y el expresidente Zelaya se sentarán a dialogar con el gobierno; no hay otra salida».
El gobierno hondureño promueve lo que define como un «proceso de diálogo nacional», para el que ha solicitado la mediación de Naciones Unidas.
También Nasralla había pedido la implicación de la ONU, pero para resolver la crisis antes de la toma de posesión de Hernández.
El papel de la comunidad internacional es otra de las claves para comprender lo que pasa en Honduras.
El secretario de la OEA, Luis Almagro, pidió en diciembre que se repitieran las elecciones, pero en un comunicado emitido este lunes manifestó «su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras».
El analista Shifter aprecia en este cambio de postura el hecho de que Almagro «está solo» en la OEA y no logró que los estados de la organización siguieran su recomendación de declarar oficialmente que las irregularidades del proceso impedían reconocer un ganador.
Pero esta misma semana se produjo un nuevo tirón de orejas de la OEA al gobierno hondureño.
El ex primer ministro peruano Juan Jiménez Mayor, que lidera la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, censuró en unas inusuales declaraciones un reciente cambio legislativo que, dijo, servirá para evitar que se persiga la corrupción de más de 60 miembros del Congreso.
Calificó de «pacto por la impunidad» la nueva ley y afirmó que en Honduras había operado durante años un sistema para que los legisladores se apropiaran de fondos públicos teóricamente destinados a combatir la pobreza que sufre el país.
Entre los investigados figura Ana García de Hernández, la esposa del presidente.
El diputado oficialista Zelaya sostiene que «hubo mucha confusión sobre la reforma de la ley, mucha desinformación sobre por qué se hizo y cuál era su alcance».
Su versión es que el cambio legal permitirá aumentar el número de los investigados y depurar las responsabilidades hasta la época del gobierno de Roberto Micheletti (2009-2010).
Shifter pronostica que las últimas noticias agravarán la indignación de los hondureños que creen que las elecciones no fueron limpias.
Desde Estados Unidos, aunque han condenado algunas de las prácticas del gobierno hondureño, la administración Trump reconoció a Hernández como legítimo ganador de las elecciones.
Shifter cree que la falta de apoyos internacionales no le ha dejado a la oposición otro camino que mantener la movilización callejera.
La pregunta es por cuánto tiempo podrá Nasralla mantener el pulso a Juan Orlando Hernández y al Ejército en las calles, desoyendo los llamados al diálogo.
El padre Moreno aprecia un descenso en el número de personas que secundan las protestas. E incluso Nasralla admite el desgaste.
Shifter mantiene que «la gente tiene miedo y tiene que seguir con sus vidas».
Para él, la táctica del Ejecutivo es muy evidente:
«El gobierno sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer para asegurar el control y su estrategia parece ser esperar a que la tormenta pase».
El analista Cálix expone que las manifestaciones «no han llegado al nivel desestabilizador» que esperaban sus promotores.
Sea como sea, empieza una nueva etapa marcada por las incógnitas y la polarización.
