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Efectivos y peritos de la Policía Federal y de la Policía Científica ingresaron al mediodía con equipamiento especial al edificio donde reside Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, por orden del juez Claudio Bonadio.
La Justicia argentina registró este jueves (23.08.2018) la vivienda de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada como supuesta líder, junto con su fallecido esposo Néstor Kirchner, de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios por contratos de obras públicas.
Efectivos y peritos de la Policía Federal y de la Policía Científica ingresaron al mediodía con equipamiento especial al edificio donde reside Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, por orden del juez Claudio Bonadio.
La ex mandataria (2007-2015) no estaba en el lugar, según precisó uno de sus abogados Gregorio Dalbón, ya que había pasado la noche del miércoles en la casa de su hija Florencia. Tanto Dalbón como defensor Carlos Beraldi alegaron que la intención del allanamiento era humillar y amedrentar a Fernández de Kirchner. Adelantaron también que plantearán la nulidad del procedimiento.
El Senado aprobó en la noche del miércoles la solicitud que había presentado hace tres semanas Bonadio para registrar tres viviendas particulares de Fernández de Kirchner, una en Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Cruz, ya que como senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista cuenta con fueros parlamentarios que la protegen.
Defensa apelará nulidad del procedimiento
La Cámara alta autorizó el procedimiento sin los condicionamientos que había reclamado la dirigente peronista y solo especificó que el procedimiento se lleve a cabo con «decoro» y bajo las «garantías constitucionales, particularmente el derecho a la intimidad», en virtud de que «se trata de una senadora que fue dos veces presidenta de la República».
El juez Bonadio investiga si Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su esposa y sucesora, de 65 años, lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Óscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa. En ellos, el chofer describió las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de dinero de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
Tras su difusión, varios empresarios admitieron ante el juez que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.
Por su parte la ex presidenta, que se enfrenta además a otras investigaciones en su contra, rechazó los cargos en su contra y denunció una persecución judicial.
