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El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
A través de su cuenta de Twitter, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe que escribió la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre la situación que se vive en Venezuela. En él, llama al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con «las graves vulneraciones de derechos humanos».
El informe, de 18 páginas que este viernes será presentado por Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.
El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
«El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social», agregan.
El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
En ese sentido, el informe dice que «todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas».
El informe publicado hoy indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Ante estos abusos, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial», subraya el informe, que destaca que «quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos».
El informe denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.
También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.
En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como «colectivos», y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.
Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.
El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes»:
«Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.
En ese sentido, se indica que «el Gobierno venezolano se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión».
