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Créditos: Reuters
El ataque se registró en zona rural del corregimiento de San Luis, en el departamento del Huila. Los atacantes activaron una carga explosiva al paso de un vehículo en el que se desplazaban los policías por una carretera, precisaron fuentes de la Policía Nacional.
Ocho policías murieron el viernes en un ataque con explosivos de un grupo armado ilegal en una zona montañosa del suroeste de Colombia, informó el presidente Gustavo Petro, en el primer asalto de gran impacto contra las Fuerzas Armadas desde que asumió el Gobierno prometiendo poner fin al conflicto.
El ataque se registró en zona rural del corregimiento de San Luis, en el departamento del Huila. Los atacantes activaron una carga explosiva al paso de un vehículo en el que se desplazaban los policías por una carretera, precisaron fuentes de la Policía Nacional.
«Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron ocho policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias», escribió Petro en su cuenta de Twitter sin responsabilizar a ningún grupo del ataque.
«Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación», agregó.
En la zona tienen presencia disidentes de las FARC que se alejaron de un acuerdo de paz firmado en 2016, según fuentes militares y de la policía.
Se trata de la primera acción ofensiva de gran impacto contra las Fuerzas Armadas desde que Petro asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia con la promesa de buscar una paz total que involucre a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las FARC y a bandas criminales implicadas en el narcotráfico.
El mandatario anunció recientemente que busca una paz total que silencia los fusiles y ponga fin al derramamiento de sangre en medio de una confrontación de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos entre 1985 y el 2018, según cifras de una Comisión de la Verdad.
El acuerdo firmado con las FARC puso fin a la participación de esa guerrilla en el conflicto armado y permitió la reintegración a la vida civil de unos 13.000 integrantes del grupo rebelde que conformaron un partido político.
Pero antiguos comandantes y combatientes regresaron a la lucha armada con el argumento de que se traicionó el acuerdo, aunque fuentes de seguridad sostienen que el retorno obedeció a las millonarias ganancias que obtienen del narcotráfico y de la minería ilegal.
El Gobierno reveló recientemente que varios grupos ilegales armados, incluidas disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, anunciaron en misivas su intención de avanzar en un proceso de paz.
La iniciativa incluye una negociación política con los rebeldes y el sometimiento de las bandas criminales a cambio de beneficios jurídicos como rebajas de penas con la condición de entregar bienes adquiridos con dinero del tráfico de cocaína y la revelación de rutas del narcotráfico.
