MUNDO
EFE
ONGs respaldan demanda al Gobierno de EE. UU. por querer limitar el uso de drones por periodistas
La determinación judicial realizada en el marco de las operaciones antimigración que lleva a cabo la administración de Donald Trump infringiría el respeto a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de las libertades civiles acusaron este viernes al Gobierno de EE.UU. de vulnerar la libertad de expresión al emitir una restricción que prohíbe a los periodistas volar drones cerca de instalaciones y vehículos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, su filial en Washington y la Asociación Nacional de Fotoperiodistas presentaron un escrito ante una Corte federal para respaldar la demanda interpuesta por el fotoperiodista de Minnesota, Rob Levine, contra la Administración Federal de Aviación.
La medida, emitida el 16 de enero durante el despliegue de operativos migratorios en Minnesota de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, prohíbe volar drones a menos de 914 metros en sentido horizontal y 305 metros en vertical de instalaciones y “activos móviles” de Seguridad Nacional, incluidos vehículos utilizados por agentes migratorios.
Según las organizaciones, la restricción hacía prácticamente imposible que los periodistas supieran si estaban volando cerca de un vehículo oficial, ya que estos podían desplazarse y, en ocasiones, no estaban identificados. Incumplirla podía acarrear multas, cargos penales o la pérdida de la licencia para operar drones.
“La restricción de la Administración Federal de Aviación obligó a los periodistas que informaban sobre las operaciones migratorias a dejar sus drones en tierra o arriesgarse a enfrentar cargos penales”, afirmó Scarlet Kim, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien calificó la medida de “inaceptable” e “inconstitucional”.
Las organizaciones sostienen que la restricción vulneró el derecho a documentar la actuación de funcionarios públicos, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Levine presentó su demanda en marzo ante la Corte de Apelaciones de Washington, Distrito de Columbia. La Administración Federal de Aviación retiró en abril la prohibición nacional y la sustituyó por una recomendación, que no contempla las mismas sanciones civiles y penales.
Pese a ese cambio, las organizaciones y el fotoperiodista buscan que los tribunales determinen si la restricción original fue ilegal y vulneró derechos constitucionales, según los documentos judiciales.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
