Según lo que ha hecho saber a la prensa, la defensa del General Pinochet se apresta a invocar en su favor la garantía del debido proceso tal y como ésta es regulada por el Derecho Internacional. Por debido proceso se entiende el conjunto de principios y reglas destinadas a garantizar un juicio racional y justo a toda persona contra quien se sigue un proceso judicial, sea o no éste de carácter penal.
El sistema jurídico chileno se encuentra plagado de normas y prácticas que vulneran el derecho a un debido proceso. Más aún, el sistema penal nacional es estructuralmente incompatible con la noción de un debido proceso, al establecer que una misma persona conduzca la investigación, acuse al imputado y finalmente resuelva el caso. Desde luego, esto da lugar a un prejuzgamiento, consciente o no, de parte de los jueces, puesto que para el momento en que deben dictar sentencia ellos ya han adoptado numerosas resoluciones en el proceso. En algunos países, han sido los propios tribunales los que han terminado con este sistema, al declararlo incompatible con la garantía de un debido proceso. Así ocurrió en España, por ejemplo. En cambio, en América Latina en general y en Chile en particular esta transformación se ha estado llevando a cabo a través de un largo y complejo proceso de reformas constitucionales y legales. En nuestro país, en ningún momento han sido los tribunales los que han puesto el dedo sobre la llaga en esta materia de tanta gravedad y que afecta a miles de personas.
El actual es además un sistema que implica serias limitaciones al derecho a la defensa, puesto que gran parte de las actuaciones del tribunal son secretas incluso respecto de las partes en el proceso y la gran mayoría de las declaraciones de testigos no son tomadas en presencia de un juez , sino que las toma un actuario sin preparación jurídica.
La noción de debido proceso tiene también muchos otros alcances. Por ejemplo, entre sus exigencias se incluye la necesidad de que los procesos judiciales sean concluidos dentro de un plazo razonable y que la prisión de los imputados en un proceso esté fundada en causales graves y bien determinadas y que dicha prisión no se extienda más allá de un plazo razonable. A pesar de que existe sobre la materia abundante jurisprudencia de órganos internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana, los tribunales chilenos no han renovado sus criterios al respecto. Existe además una serie de otras exigencias derivadas del derecho a un debido proceso que carecen de vigencia efectiva en Chile.
A pesar de que ha transcurrido más de una década desde que se reformara la Constitución y se estableciera el deber del Estado de respetar los derechos humanos consagrados en tratados de los que nuestro país es parte, los jueces chilenos han hecho un uso muy escaso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y en el ámbito del derecho a un debido proceso, su uso ha sido prácticamente nulo.
Por eso, es necesario tener bien claro cuáles serían los alcances de una eventual decisión de los tribunales respecto de la aplicación directa de la normativa internacional en el caso del General Pinochet : lo que resultaría impresentable es que se tratara de una decisión ad-hoc, sin que ella fuera de la mano con una aplicación directa del Derecho Internacional en muchos otros casos y materias que afectan los derechos humanos de las personas.
Y con todo lo anterior hemos dicho mucho (en términos jurídicos) y a la vez muy poco (en lo que al caso Pinochet se refiere), ya que, en cualquier circunstancia, la determinación de su estado de salud mental es una cuestión de hecho que tendría que resolverse una vez concluido el trámite del desafuero.
* El autor es abogado, profesor de la Escuela de Derecho la Universidad Diego Portales.
