La ex ministra de la Corte de apelaciones de Santiago, Raquel Camposano, no se ha demorado en dar entrevistas políticas, recién jubilada. No sabemos si la que otorgó a la revista Cosas fue realizada antes de que dejara el Poder Judicial, antes que votara el desafuero de Augusto Pinochet. Sería grave.
En todo caso, la Camposano ha dejado una lección de lo que fue la esencia del Poder Judicial comprometido con la dictadura. No nos referimos a su tesis sobre el desafuero, en el sentido que éste se apoya en el discutible principio del secuestro permanente de personas que están efectivamente muertas (precisemos: asesinadas, porque no deja de ser patético el argumento que dice que Pinochet es inocente porque esas personas no están vivas, sino que asesinadas), sino a cómo su manera de entender la justicia está condicionada, subyugada, por una posición política nacida del trauma de la Unidad Popular y, por ello, que concibe al régimen militar como la salvación y a Pinochet como un «estadista». Los crímenes, ante esto, son una cuestión menor.
El punto es que la ex jueza, llevada por su posición política, llega a eludir asuntos fundamentales. Por ejemplo, ignora, o se desentiende, de la definición mínima de lo que son las violaciones a los derechos humanos que, internacionalmente, se conciben como perpetradas por agentes del Estado. En El Mercurio del sábado 10, señala, cuando se le pregunta por los casos que se denunciaron y que se archivaron:
-Casos de derechos humanos, no. Eran casos de gente que decía que los habían matado, de tanta gente. Y efectivamente, habían sido muertos. ¿Por qué derechos humanos? Porque resulta que en Chile hubo un enfrentamiento en 1973, donde había miles de extranjeros armados hasta los dientes, había poblaciones armadas… Es decir, hubo tal cantidad de cosas que no me vengan a hablar de derechos humanos; estos derechos eran para las dos partes.
Para Raquel Camposano el concepto de violación a los derechos humanos no existe como técnicamente se concibe en el mundo. Más allá de su honestidad en este aspecto, es bueno preguntarse cómo ella y quizás cuántos otros jueces renunciaron a su tarea y en qué indefensión quedaron tantos ciudadanos. Ciudadanos que, hay que decirlo, no eran extremistas, ni extranjeros, ni armados. Y que incluso, si lo hubiesen sido, igual fueron víctima de violaciones a los derechos humanos.
